subraya necesidad de implementar el Acuerdo de Paz
La muerte de nueve personas
campesinas, y más de una decena de heridos, presuntamente a manos
del Ejército y Policía Nacional de Colombia en el municipio de
Tumaco, en el suroeste de Colombia, debe ser una fuerte alerta para
las autoridades sobre la necesidad de proteger a la población civil
durante la implementación del Acuerdo de Paz, dijo Amnistía
Internacional.
Según la Asociación de Juntas
Comunitarias Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), el 5 de octubre,
miembros de fuerzas de seguridad de Colombia abrieron fuego de manera
indiscriminada contra comunidades campesinas que protestaban de
manera pacífica en zonas de Alto Mira y Frontera, municipio de
Tumaco.
“Nada cambiará en Colombia hasta
que todas las personas del país puedan protestar pacíficamente sin
miedo a perder la vida,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para
las Américas de Amnistía Internacional.
“Es imprescindible que las
autoridades colombianas investiguen esta serie de asesinatos y lleven
a sus responsables ante la justicia. No hacerlo, como suele ser la
norma, enviará la señal de que las vidas de las personas campesinas
carecen de valor, y que el conflicto armado continua activo.”
Desde el 28 de Septiembre 2017, las
comunidades campesinas de las zonas de Alto Mira y Frontera han
protestado de manera pacífica contra la actual estrategia del
Gobierno de reducir el número de áreas sembradas con cultivos
ilícitos, por considerar que no cumple con lo suscrito en la el
Acuerdo de Paz sobre la voluntariedad y concertación que deben guiar
este tipo de acciones.
Tumaco es una de las zonas de mayor
producción de hoja de coca en el país, siendo Alto Mira el
territorio con mayor número de hectáreas sembradas con coca. Es por
esto que la zona fue priorizada para la implementación del programa
de sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, como en otras
zonas de esta región, la implementación del Acuerdo de Paz en
territorio avanza lentamente y las comunidades rurales ven con
preocupación la falta de acción del gobierno para garantizar sus
derechos fundamentales, o brindar alternativas de desarrollo.
El reclamo por parte de las
asociaciones campesinas se centra en que el Gobierno Nacional,
específicamente el Ministerio de Defensa, cumpla con lo pactado en
La Habana en cuanto a la consulta y concertación con las comunidades
de cada jurisdicción en la que ejecuten el programa de sustitución,
pues afirman que la falta de implementación de esa consulta tiene
impactos económicos, ambientales y de derechos humanos en sus
territorios.
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