Con los
ojos fijos en El
en la realidad y la fe
en la realidad y la fe
carta No.7
enero 2018
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Obligación y responsabilidad
del cristiano
La Consulta: Un camino inconcluso hacia una sociedad más
participativa
«El Estado de
Derecho es la condición necesaria para establecer una verdadera
democracia». Para que ésta se pueda
desarrollar, se precisa la educación cívica así como la promoción del orden
público y de la paz en la convivencia civil.
En efecto, «no hay una democracia verdadera y estable sin justicia
social.»
Juan Pablo II
Ecclessia in America, No. 56
En
carta abierta de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en días pasados, se
resalta la importancia de “considerar el momento en que nos encontramos como
País de cara a la consulta popular en la que habríamos de ejercer nuestro
derecho al voto que enrumbará la sociedad ecuatoriana por caminos de libertad,
democracia e independencia de poderes”.
Oportuna
recomendación cuando estamos a pocos días de que los ecuatorianos debamos
acudir a las urnas para pronunciarnos sobre las siete preguntas propuestas por
el presidente de la República. Es
necesario, entonces reflexionar sobre la responsabilidad que como cristianos
tenemos de lograr una ciudadanía responsable, como condición sine qua non para alcanzar una verdadera
democracia y una sociedad más participativa por lo que consideramos de enorme
importancia la realización de la Consulta Popular, como una herramienta
necesaria y válida para lograr estos objetivos.
La
protección de los menores, el castigo a los corruptos, la regulación de la
minería y la explotación petrolera en el Yasuni y la eliminación de una ley
considerada confiscatoria, son temas de importancia, pero la ciudadanía se ha
enfocado en dos de las preguntas, la que tiene que ver con la Comisión de
Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS y la que trata de la
posibilidad de reelección indefinida.
La
sociedad ecuatoriana vive un momento de transición luego de un período en que
se impuso un modelo de estado totalitario, cuyo órgano ejecutor la CPCCS no
respondió al espíritu constitucional de ser una instancia de participación
ciudadana, que luche contra la corrupción y promueva la transparencia en el
ejercicio de lo público. Su conformación
fue cooptada por amigos del gobierno de turno e hizo que uno de sus roles
principales: la organización de los “procesos de designación de las
autoridades” decisivas para que la diversas funciones del Estado actúen con
independencia (Fiscal General, Procurador, Contralor, jueces para los
tribunales de justicia y de control constitucional, Consejo Electoral,
Superintendencias, entre otras autoridades) se realice designando a través de
dudosos concursos a funcionarios que respondieron a la misma vertiente
ideológica de quien ejercía el poder, que cerraron los ojos ante casos de
corrupción y en algunos casos inclusive, probablemente, ocultaron y protegieron
a sus autores. Gracias a las
investigaciones realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés) y las pruebas aportadas por
la justicia brasileña y de los Estados Unidos, se destaparon estas situaciones
y se está dando paso al juzgamiento de los responsables.
La
necesidad de cambio estructural no deja de generar preocupación: la nueva
Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de transición, que se
nombraría de ganar el SI en la pregunta 3, pudiera recaer también en amigos del
poder de turno. Lo peor que podría
sucederle a nuestro país es que el remedio resulte peor que la enfermedad, como
dice la sabiduría popular.
En
cuanto a la reelección indefinida hay que recordar que la Constitución
Ecuatoriana redactada en Montecristi y aprobada por la ciudadanía con alrededor
del 80% de votos positivos, también en consulta popular (2008) estableció la
posibilidad de reelección por una sola vez en razón del sano principio de la
alternancia. Este criterio
constitucional fue alterado, no consultando al pueblo, sino por una enmienda
aprobada por una mayoría de asambleístas afines al poder de turno.
La
pregunta busca limitar la reelección de dignatarios a dos períodos de gobierno,
de esta forma se preserva al país del caudillismo y un mayor número de personas
tendrán la oportunidad de comandar las diferentes instancias de elección
popular.
Por
lo dicho y más argumentos sobre las demás preguntas, en la Comisión ecuatoriana Justicia y Paz consideramos que la Consulta
Popular es un instrumento democrático y positivo, pero es incompleta, es un
camino no concluido para alcanzar una sociedad democrática, que devuelva la
confianza del pueblo, recupere la credibilidad en las instituciones públicas y
ponga fin a la corrupción e impunidad.
Es
urgente recuperar los valores de la democracia y una auténtica participación, y
para ello es fundamental que los ciudadanos nos preocupemos cada vez más por la
“salud de las instituciones de la sociedad civil” y que no releguemos la
exigencia de opinar “sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos”,
como recomienda el papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, No. 183.
Insistimos en la necesidad de que cuando sufraguemos el domingo 4 de
febrero, lo hagamos a conciencia, sabiendo que el voto de cada quien, es de
responsabilidad personal con el presente y futuro de nuestra Patria. El criterio final no puede ser de apoyo o de
rechazo a tal o cual actor político, no es una elección de personas, es un
escogimiento de tesis, valores, decisiones que nos favorecen o perjudican a
todos. Más allá de la responsabilidad
que cada uno tiene de votar conscientemente hay otra responsabilidad, esto es,
ayudar a que los parientes, amigos, vecinos lo hagan también a conciencia y
para ello es muy importante que provoquemos conversaciones, diálogos en casa,
lugar de trabajo, barrio, parroquia. Que
todos sepamos cumplir con nuestra obligación con responsabilidad patriótica y
de testigos de nuestra fe.
Coordinador: Carlos Larrea - Relator: José Mármol
Observatorio Político
Con los ojos fijos en El, en la
realidad y la fe
es una publicación de la Comisión
ecuatoriana Justicia y Paz, resultado de los Observatorios de Política y
Eclesial, que reúnen periódicamente a los miembros de la Comisión para
analizar, reflexionar y proponer alternativas, a través de estas cartas.