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domingo, 27 de junio de 2021

Carta No. 86: Vacuna, responsabilidad social y reactivación económica

 

Con los ojos fijos en Él
en la realidad y la fe

Comisión ecuatoriana Justicia y Paz
carta No. 86 – 27 de junio 2021
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Vacuna, responsabilidad social y
 reactivación económica

“Creo que éticamente todo el mundo debería vacunarse.  Es una opción ética, porque te juegas tu salud, tu vida, pero también te juegas la vida de los demás”.  Papa Francisco, enero 2021

Según las noticias el proceso de vacunación registra un porcentaje de ausentismo de alrededor del 30%, y ante la crisis sanitaria por efectos del covid 19, la vacuna aparece como una solución real e inmediata. Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y otras vacunas son la manera más segura de generar protección, al garantizar un alto grado de inmunidad, que a criterio de científicos y médicos especializados, evita enfermarse gravemente, el ingreso a los hospitales y la muerte.

Rechazar el proceso de inoculación de la vacuna, que tanto esfuerzo ha costado al mundo científico para producirla y al país para obtenerla por los enormes esfuerzos financieros, demanda una respuesta positiva y masiva de la ciudadanía.

“El mundo entero viene enfrentando desde hace más de un año una gran crisis, ocasionada por la pandemia del covid 19, la misma que ha causado dolor, lágrimas, muertes y sufrimiento.  Pudiéramos decir que no hay familia que no haya sufrido en carne propia los efectos de este mortal virus”, expresó la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En ese contexto, resistirse a la vacuna es un acto de irresponsabilidad para con uno mismo, con la familia y con la sociedad entera. No hay motivo válido para negarse a la vacuna, lo que si hay son inventos absurdos, supuestos infundados, mentiras, noticias falsas que causan zozobra y confusión sin contenido ecuánime ni sustentable.

Vacunarse conlleva, además, un compromiso con la economía del país, su reactivación está sujeta a que se retome una cierta normalidad, donde el Estado, la empresa y las personas, regresen a sus actividades cotidianas, produciendo y generando oferta de bienes y servicios, renta y demanda, elementos que configuran un ciclo económico virtuoso que permite mejorar el empleo y el consumo de las familias, tan venido a menos en este tiempo de pandemia.

En lo económico, no vacunarse significa condenar a la miseria, la desnutrición, el delito y la violencia a muchos hermanos ecuatorianos que necesitan, con urgencia, reactivar su economía. Y qué decir de las consecuencias sociales y sicológicas producto del encierro y las restricciones, que están afectando gravemente a cientos de miles de personas, ante lo cual la vacuna ofrece una alternativa de reincorporación a cierta normalidad.

Informarnos a través de canales oficiales y especializados, debe ser un compromiso de todos los ciudadanos para desechar aparentes verdades. La vacuna nos ofrece una luz de esperanza y de salida a esta crisis que lleva ya quince meses de tragedia para la humanidad, con casi 200 millones de contagiados y la pérdida de cerca de 4 millones de vidas.

Si exigimos derechos, cumplir nuestros deberes es una obligación. En este momento histórico, debemos colaborar con los esfuerzos del gobierno y las autoridades sanitarias para superar la pandemia, la crisis económica y social. Vacunémonos cuando nos corresponde según el calendario establecido, sin miedo ni temor.  Vacunarse es apostar por una vida digna y científicamente respaldada.  ·  #ComuniquemosEsperanza

 

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Con los ojos fijos en El, en la realidad y la fe es una publicación de la Comisión ecuatoriana Justicia y Paz, resultado de reuniones periódicas de los miembros de la Comisión para analizar, reflexionar y proponer alternativas, a través de estas cartas.

domingo, 20 de junio de 2021

Carta No. 85: La justicia ha de ser justa

 

Con los ojos fijos en Él
en la realidad y la fe

Comisión ecuatoriana Justicia y Paz
carta No. 85 – 20 de junio 2021

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La justicia ha de ser justa

“Recuerden siempre que cuando una justicia es realmente justa, esa justicia hace feliz a los pueblos y dignos a sus habitantes. Ninguna sentencia puede ser justa, ni ninguna ley legítima si lo que producen es más desigualdad, si lo que producen es más pérdida de derechos, indignidad o violencia”.  (Papa Francisco, discurso a jueces, 2020).

En efecto, como nos dice el Papa, la administración de justicia tiene que ser justa, pero para ello es indispensable saber ¿qué es la justicia?, ¿cuál es su concepto? Para responder estas interrogantes encontramos que hay estudiosos que consideran que la justicia es un concepto ético y si bien para cada persona puede tener connotaciones distintas, estas pueden resumirse en una definición general que dice que, justicia es actuar con objetividad, verdad e igualdad otorgando lo que cada uno merece y que sus valores son la equidad, la libertad y la igualdad.

Para Séneca "nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía", por lo tanto, la justicia tiene que ser oportuna, eficaz, acertada, imparcial, sin favoritismos ni predilecciones, sin demora ni dilaciones, pues "justicia que tarda no es justicia".

En Ecuador, el artículo 167 de la Constitución dice: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución”.  Y el art. 168 determina que “la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará (entre otros) los siguientes principios: (1) Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley.  (4) El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales".

La Constitución es clara, especifica condiciones y formas de la administración de justicia y del sistema procesal que se deben aplicar en su ejercicio, sin embargo, se puede comprobar que la administración de justicia con frecuencia no es justa. En el pasado inmediato no hubo independencia de Funciones, bien sea por la designación amañada de jueces o por una clara influencia extrajudicial en las sentencias.  Muchas veces no existió o no se aplicó el debido proceso.

Uno de los aspectos más importantes en la administración de justicia debe ser la gratuidad, pero en la práctica es una quimera, una fantasía, ya que más allá de los costos procesales, los costos reales, generalmente producto de la corrupción son inmensos; y no son solo financieros sino también sicológicos, de tiempo, energía y desperdicio de recursos.  ¡Cuántas lágrimas, dolor y sufrimiento para muchos infelices que cayeron en causas demandantes de justicia!

Las personas más vulnerables, muchas veces, por causas menores, reciben veredictos desproporcionados e injustos, más aún por ser pobres, suele ser un largo y triste calvario, mientras que para quienes poseen contactos y recursos económicos, son sentenciados a penas ínfimas y para colmo, generalmente obtienen dictámenes favorables a sus intereses. Estas y otras injusticias, más si son hechas en nombre de la justicia, acarrean renovadas y profundas violencias que muchas veces se manifiestan al interior de los centros de 'rehabilitación'.

Hay jueces justos, es preciso reconocerlo, pero es de imperiosa necesidad y urgencia el fortalecimiento del Sistema de Administración de Justicia, que destierren la corrupción y que cuenten suficientemente con todo tipo de recursos, sobre todo con ética, honestidad, transparencia, responsabilidad y sentido de servicio a la ciudadanía, como condición impostergable para generar justicia y paz en nuestro país.  ·  #ComuniquemosEsperanza

 

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Con los ojos fijos en El, en la realidad y la fe es una publicación de la Comisión ecuatoriana Justicia y Paz, resultado de reuniones periódicas de los miembros de la Comisión para analizar, reflexionar y proponer alternativas, a través de estas cartas.

domingo, 13 de junio de 2021

Carta No. 84: Gobiernos locales, honestos y eficaces

 

Con los ojos fijos en Él
en la realidad y la fe

Comisión ecuatoriana Justicia y Paz
carta No. 84 – 13 de junio 2021

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Gobiernos locales, honestos y eficaces

“Tomar en serio la política en sus diversos niveles (local, regional, nacional y mundial) es afirmar el deber de la persona, de todas las personas, de reconocer la realidad concreta y de valorar la libertad para procurar realizar juntos el bien de la ciudad, de la nación o de la humanidad”.  (San Pablo VI, Octogesima Adveniens, 1971).

El Estado debe trabajar arduamente para lograr el bien común de toda la sociedad. Esa misión debe caracterizarse por la equidad, la justicia, el servicio, la honestidad, la solidaridad y la oportunidad.  Los gobiernos locales, a su vez, buscan la cercanía con la comunidad, pues desde las instancias nacionales, no siempre es fácil entender las preocupaciones y prioritarias cotidianas de la ciudadanía.

Cuando la autoridad administrativa está próxima, es más rápida y oportuna la atención, detección y ejecución de obras necesarias y urgentes. Los grandes proyectos, la materialización de los presupuestos nacionales, el control social del país, la seguridad externa e interna… se reservan para el gobierno central.

Las diferencias humanas, geográficas, educativas, económicas, ambientales… entre provincias, cantones y parroquias rurales incidieron para que los resultados de la gestión gubernamental hayan sido frecuentemente ineficientes, inequitativas e injustas.

Para superar estas falencias, la actual Constitución añadió a la tradicional división territorial, las regiones (aún sin concretar), junto con las provincias, cantones y parroquias rurales, administrados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados - GADs, que “gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana” (artículo 238).

Para llevar a la práctica esta organización se cuenta con el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización - COOTAD, que organiza el funcionamiento de estos entes administrativos, con el objetivo de una oportuna planificación y realización de obras que solventen las carencias de la población.

La cercanía y satisfacción de las necesidades básicas son la razón de ser de los GADs, sin embargo, en la práctica, muchos han incumplido sus objetivos. El tamaño de las circunscripciones territoriales, la ausencia de profesionales capacitados, la improvisación y falta de planificación a mediano y largo plazo, el clientelismo electoral, la demagogia y el populismo en la gestión administrativa, son, entre otros, elementos que conspiran en contra de la realización de sus metas.

Algunas prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales son cuestionadas y hasta sujetas de acciones legales, por la falta de ética de sus autoridades. Otros se encuentran enfrentando a la justicia ordinaria por supuestos actos de corrupción.

Para atender las múltiples penurias locales, se debe trabajar evitando círculos viciosos y propender a la unión, organización y participación de todos los pobladores. Es importante la simplificación de los trámites y de la normativa de ordenanzas y reglamentos. Por último, los representantes de la localidad deben acudir ante los organismos nacionales para lograr los recursos que, por justicia, les corresponden y que, con la debida justificación, administración y control eficiente, se espera satisfacer las demandas más urgentes de la población a la que sirven.

En fin, existen una serie de herramientas habilitadas por la Constitución Política del Estado que permiten exigir, controlar y fiscalizar el buen uso y manejo de los recursos públicos, es por tanto, indispensable la participación ciudadana en los GADs para alcanzar los mejores resultados orientados a conseguir el desarrollo integral de toda la sociedad.  ·  #ComuniquemosEsperanza


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domingo, 6 de junio de 2021

Carta No. 83: Entre la resistencia civil y la protesta

Con los ojos fijos en Él
en la realidad y la fe

Comisión ecuatoriana Justicia y Paz
carta No. 83 – 6 de junio 2021

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Entre la resistencia civil y la protesta

"…si la voluntad de los gobernantes contradice a la voluntad y a las leyes de Dios, los gobernantes rebasan el campo de su poder y pervierten la justicia.  Ni en este caso puede valer su autoridad, porque esta autoridad, sin justicia, es nula" (León XI, Diuturnum lllud, 11).

La principal misión del poder es el bien común, hacia el que debe orientarse toda acción política de gobernantes y gobernados.  Vivir dentro del marco de la Constitución y la Ley demanda y exige que todos, sin excepción, las cumplamos sin pretextos ni privilegios. El momento que se fractura esta dinámica, nacen las injusticias, los desencuentros, las insatisfacciones, los reclamos… y pueden generarse circunstancias que motiven la desobediencia civil o popular, pero es conveniente analizar y evaluar hasta qué punto o en qué medida es justa, pertinente, viable…

La desobediencia civil es cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o una política adoptada, cuando quienes desobedecen tienen conciencia de la ilegalidad de lo dispuesto o de su inconveniencia para la búsqueda del bien común.

El derecho a la resistencia es un conjunto de conductas que se expresan en el enfrentamiento con el poder, bien con la protesta en las calles, o también jurídico, como el desconocimiento o negación de la legitimidad de quien gobierna o de la emisión de disposiciones arbitrarias desde el poder ejecutivo, legislativo o judicial, que son contrarias a la Constitución y leyes, en contra de la dignidad humana. La obligación del ciudadano, del cristiano en particular, es obedecer a Dios antes que a los hombres.

Hay un deber ético del poder, potenciar los pensamientos y acciones de los 'otros', especialmente de los más débiles y que deben ser tomados en cuenta por quienes ejercen ese poder. Si son ignorados o engañados, paulatinamente se generan una serie de descontentos que van perfilando manifestaciones, al comienzo mínimas pero que van creciendo como una bola de nieve.  Si se las desconocen se pueden volver incontrolables y con consecuencias demasiado graves.

Las manifestaciones, huelgas, paros son estrategias de desobediencia que utilizan los sectores que se sienten ignorados, perjudicados o despreciados por medidas económicas, políticas, sociales que golpean directamente su cotidianidad y que son tomadas a sus espaldas y sin consideración alguna a su realidad.

Cuando el poder es ejercido sin tomar en cuenta al pueblo y se implementan medidas sin dialogar ni consensuar acuerdos que permitan ejecutarlas con impactos mínimos para los sectores más vulnerables, surge una resistencia pasiva que se niega a aceptarlas; si esas medidas se sostienen a pesar del reclamo pacífico, el nivel de protesta se incrementa y se estructuran otras formas de desobediencia, generalmente más violentas.

Sin embargo, también se pueden manipular los instrumentos de la resistencia civil cuando se promueven protestas, paros y otras acciones injustificadas, con el objetivo de crear el caos y se abran las puertas para acciones que se definen como revolucionarias en busca de transformar la situación y el orden actuales. El abuso de la protesta es tan o más nocivo que la imposición injustificada del poder.

Mientras haya una perspectiva de entendimiento para tender puentes y derribar muros entre el poder y el pueblo, las predisposiciones a la desobediencia se minimizan y se generan alternativas de encuentro para juntos encontrar soluciones y salidas a la complicadísima crisis social, política, económica, ética y sanitaria en la que estamos sumergidos como país.  ·  #ComuniquemosEsperanza

  

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