en el Brasil rural
El (des)gobierno de Temer ha agravado
la escalada de violencia en el campo. En apenas 35 días se
produjeron tres masacres y un conato de matanza, casi una por semana,
con el saldo de 22 trabajadores muertos en la lucha por el derecho a
la tierra, defendido por el papa Francisco al enfatizar que la
dignidad humana depende de tres T: tierra, techo y trabajo .
La primera fue en Colniza (MT), el 20
de abril, cuando nueve trabajadores fueron torturados y asesinados
por paramilitares encapuchados. El líder de los precaristas fue
degollado.
En Vilhena (RO), el 29 de abril se encontraron tres cuerpos carbonizados dentro de un carro, en la misma hacienda donde cinco trabajadores fueran asesinados en 2015, tres de ellos quemados vivos. El crimen permanece impune.
El ataque a los indios gamela se
produjo el 30 de abril en Viana, con un saldo de 22 heridos, dos de
ellos con las manos amputadas por civiles instigados por ruralistas y
políticos, con participación de la Policía Militar, según el
registro de un vehículo de la propia corporación.
La masacre más reciente fue en Pau
d'Arco, en el sur de Pará, el 24 de mayo: nueve hombres y una mujer
asesinados por policías civiles y militares. La versión oficial es
que las muertes se produjeron durante una confrontación armada, dado
que los policías habrían sido recibidos a tiros.
Esta versión es un insulto a la
inteligencia de la opinión pública nacional e internacional. ¿Cómo
es posible que en una confrontación armada ninguno de los 29
policías implicados haya sido ni siquiera herido? Y no solo eso: la
escena del crimen fue desmantelada y los policías trasportaron los
cuerpos a la ciudad.
Esas circunstancias, así como las
declaraciones de algunos de los sobrevivientes de la masacre a
personal del Ministerio Público y de otras entidades que investigan
el caso, indican que se trató de una ejecución planeada y a sangre
fría.
La versión oficial intenta revestir
la matanza de Pau d'Arco de una apariencia legal, al alegar que se
produjo en el "cumplimiento de autos de prisión" y
calificar de "prestación de socorro" a la retirada de los
cuerpos de las víctimas. En realidad, lo que se hizo fue eliminar
vestigios y encubrir una masacre premeditada y cruelmente ejecutada
por un personal que reía a carcajadas, según testigos. La barbarie
se consumó con el tratamiento dispensado a los cuerpos de las
víctimas, tirados como animales a las camas de camionetas,
transportados a distancias de hasta 350 kilómetros para realizar la
pericia judicial, y devueltos del mismo modo a los familiares, en el
suelo de una funeraria, ya putrefactos, para que los enterraran a
toda prisa y a su costa, sin posibilidad ni de un breve velorio.
La diversidad de los autores revela
la barbarie generalizada que provoca la desidia del gobierno en la
solución de los problemas de la tierra en Brasil, cuyas
consecuencias se han agravado, sobre todo en los últimos tres años.
Todo indica que 2017 superará a 2016, que fue testigo de un récord
en la ocurrencia de conflictos por la tierra en Brasil en los últimos
32 años. Fueron 1 079, casi tres diarios, el mayor número desde
1985, cuando la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) comenzó a
publicar sistemáticamente sus registros. Ya suman 37 los
trabajadores rurales asesinados en los últimos cinco meses de 2017,
ocho más que en igual período del año pasado, cuando se
registraron 29 asesinatos.
Esa exacerbación de los conflictos
agrarios está vinculada a la crisis política que atraviesa el país
y al avance criminal del agronegocio sobre el Estado brasileño. Los
abusos autoritarios de la cúpula de la República, con su juego de
poder servil a los intereses de la minoría del capital, denigran los
derechos sociales y relativizan los derechos humanos.
El Estado brasileño ha traspasado
los límites del irrespeto a la ciudadanía y a los intereses del
pueblo, en una democracia de fachada, cinismo y desfachatez que se
alimenta de abusos criminales impunes, como demuestra el Lava Jato.
La desobediencia o la manipulación de la legalidad es palabra de
pase para los excesos de la represión contra los pobres. Es una
licencia para matarlos y pisotearlos. Se niega un mínimo de dignidad
a campesinos, trabajadores sin tierra, pescadores, quilombolas e
indígenas.
Resulta inaceptable que el poder
público se haga el ciego ante la manifestación de ruralistas y
parlamentarios realizada en Redenção, en el sur de Pará, el 29 de
mayo, en solidaridad con los policías que ejecutaron la masacre en
Pau d'Arco, a quienes proclamaron héroes de la causa ruralista.
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