por Pepe Rodado en Activismo social, Política
Es habitual que en las conversaciones
de todo tipo, cuando aparece el tema político, haya algunos
elementos comunes: una crítica más o menos despiadada contra los
políticos, como aprovechados y corruptos; un rechazo a los partidos
políticos, como maquinarias que sólo buscan el poder, ajenos a lo
que la gente vive, y una consecuente afirmación de no querer saber
nada de política. Es difícil huir de estos lugares comunes
intentando introducir distinciones y matices. Más aún, si
intentando separar el grano de la paja subrayas el valor, la
importancia, la necesidad y la dignidad de la tarea política. En
este caso, la experiencia suele ser frustrante. Como mínimo, ésta
es mi experiencia.
Vayamos a seis años atrás, en el
verano de 2011. El Gobierno de la Generalitat (de CiU en ese momento)
decide detener y modificar, endureciéndola, la aplicación de la
Renta Mínima de Inserción, conocida como PIRMI. La indignación de
muchas personas y colectivos se hace oír. También en las Asambleas
de Parados. En la de Barcelona surge la idea de recuperar un artículo
olvidado del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 que
dice: “Las personas o familias que se encuentran en situación
de pobreza tienen derecho a acceder a una Renta Garantizada de
Ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de
acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”. Y
pasando de la indignación a la acción, se recupera una posibilidad
de acción política (que mucha gente desconoce) como es la
Iniciativa Legislativa Popular. Un grupo de personas decide sacar
adelante una Ley que concrete el artículo citado del Estatuto.
Redactada la propuesta de Ley, con la aportación de expertos, y
presentada en el Parlamento, comienza un largo período impulsado por
una Comisión Promotora de 30 personas: constitución de fedatarios,
recogida de firmas (se necesitan 50.000), charlas y acciones de
sensibilización por todo el territorio, captación de apoyo de
entidades de todo tipo y ayuntamientos Se validaron 121.191 firmas y
se comenzó la tramitación en el Parlament, por vía de urgencia, en
marzo de 2014. ¡Y tres años después estamos a punto de
aprobarla!
La cantidad de acciones, las
muchísimas personas y entidades implicadas, la acción perseverante
en el tiempo afrontando todo tipo de adversidades, y sobre todo, la
gran unidad y consenso respecto a la importancia de este nuevo
derecho de cara a las personas en situación de pobreza, han sido
primordiales.
En suma, una experiencia de
incidencia política que pone de relieve el valor de la voluntad
popular, del proyecto común y de la constancia, para llegar a una
real acción política a favor de la ciudadanía, en este caso, de
los más desfavorecidos. Una experiencia política también en cuanto
a la necesidad de diálogo y negociación: ¡Ha habido que hacer
renuncias para llegar a un acuerdo! Una experiencia política de
participación de entidades muy diversas pero que han coincidido en
un aspecto social relevante. Sin duda que las cosas siempre se pueden
hacer mejor, pero creo honestamente que ésta ha sido una experiencia
política en el sentido más noble de la palabra. Un ejemplo del
valor, la importancia, la necesidad y la dignidad de la política, la
acción que trata los asuntos comunes de la ciudadanía.
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