de
violación e irrespeto a sus derechos.
CIMI y Caritas de Tefé (AM) analizan
la difícil coyuntura para los pueblos indígenas
Brasil.-La explotación de madera,
caza, pesca, pecuaria y minería, tanto en áreas demarcadas
como fuera e ellas, son entre otras las violaciones que denuncian los
indígenas de la región del medio del rio Solimões. A estas
violaciones se agrega el hecho de que existe una ausencia de
políticas públicas específicas a favor de los pueblos indígenas.
No obstante este panorama de
violencia e irrespeto a los pueblos indígenas, hay mucha fuerza,
resistencia y esperanza en la lucha en defensa de sus derechos. En
2016, el análisis de la coyuntura indígena concluía que la
situación no era nada animadora. Cambios en la legislación dejaron
a los pueblos indígenas desprotegidos y expuestos a la acción de
invasores, que tienen como blanco las tierras y sus recursos
naturales.
Tras un año de esa crítica, la
situación se agravó. El debilitamiento de los órganos de
fiscalización y seguridad y la comisión de investigación (CPI) de
la FUNAI e INCRA hecha por la bancada ruralista, concluída en mayo
de 2017, viene permitiendo aún más ataques y violencia. Según la
Comisión Pastoral de la Tierra, en el primer semestre de 2017 fueron
más de 40 muertes en conflictos en el campo. Para dom Murilo
Krieger, vice-presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de
Brasil (CNBB), “desde que la CPI comenzó a funcionar, aquellos que
quisieran ocupar más tierras utilizarán más violencia para eso”.
El religioso comenta que la CPI “solo dio voz para quien estaba en
contra de los indígenas, no sentenció a los hacendados. Ellos
quieren mostrar que los indios no tienen derechos y que sus tierras
pueden volverse haciendas”.
Esa tendencia aparece también en el
Poder Judicial. Recientemente, el Tribunal Regional Federal de la 4º
región anuló tres decretos del Ministro de Justicia que había
declarado la posesión tradicional de las tierras del pueblo Guaraní,
en Santa Catarina. Esa actitud remite a una de las intenciones de la
Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 215 que, entre otras
amenazas, instituyó el marco temporal para el reconocimiento de la
ocupación tradicional indígena. Con ello, solo podrían ser
consideradas tierras tradicionales aquellas que estuviesen bajo
posesión de los indígenas a la fecha del 5 de octubre de 1988,
fecha de la Constitución Federal, sin considerar la expulsión de
grupos indígenas de sus tierras tradicionales por conflictos
fundiarios o por acciones de la dictadura militar. Con la aprobación
de al PEC y la institución del marco temporal, vendrán más ataques
al legítimo derecho de los indígenas al territorio.
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