Frei Betto
Una sentencia firmada por el juez
Sérgio Moro condenó el 12 de julio al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a
9 años y 6 meses de prisión. A diferencia de otros condenados en primera
instancia en la operación Lava Jato, Moro obvió decretar la prisión cautelar
del más notorio líder político de Brasil. Alegó que "la prudencia
recomienda que se espere al juicio" para evitar "ciertos
traumas". Entiéndase, la movilización popular en apoyo a Lula.
La defensa recurrirá en segunda
instancia al Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, con sede en Porto
Alegre (RS). Según el presidente del tribunal, el recurso debe ser juzgado
antes de agosto del año próximo. En caso de que sea condenado, Lula irá a
prisión; no podrá disputar la elección presidencial de octubre de 2018; y será
inelegible durante 7 años.
El juez consideró que existen
pruebas de que Lula es el legítimo propietario de un apartamento tríplex en la
playa de Guarujá (SP) en el que la constructora OAS habría invertido 2,15
millones de reales a cambio de beneficios obtenidos en contratos con Petrobras.
Lula niega que el inmueble sea de
su propiedad. Admite que su esposa, Marisa, fallecida en febrero de este año,
había demostrado la intención de adquirirlo. Pero que la compra no se hizo
efectiva porque Lula consideró que su ubicación era inadecuada para su
privacidad, pues lo expondría a un constante asedio público.
La defensa insiste en que la
fiscalía nunca ha mostrado la escritura del inmueble a nombre de la familia
Lula da Silva. Y que, por tanto, la acusación es infundada.
En caso de que el tribunal de
segunda instancia mantenga la sentencia de Moro, Lula podrá recurrir al Tribunal
Superior de Justicia y, en última instancia, al Tribunal Supremo Federal.
La sentencia aplicada al líder
del PT no se basa en pruebas, sino en la delación del corruptor preso por el
caso Lava Jato: Leo Pinheiro, dueño de la OAS, condenado a 44 años, de los
cuales 10 años y 8 meses corresponden a una condena de reclusión en un proceso
conexo al de Lula. El expresidente de la constructora obtuvo de Moro la
anuencia para cumplir solo dos años y medio de prisión en régimen cerrado y
solicitar una progresión de la pena antes de resarcir el perjuicio causado a
Petrobras.
Según Lava Jato, la OAS pagó 87
millones de reales en sobornos para obtener ventajas contractuales con
Petrobras. De ese monto, 16 millones se habrían destinado al PT y 3,7 millones
habrían beneficiado directamente a Lula: 2,4 millones para la adquisición y la
reforma del tríplex y 1,3 millones para la preservación de presentes que
recibiera el expresidente durante el ejercicio de sus dos mandatos. Moro
absolvió a Lula de esta última acusación.
¿Por cuáles delitos lo condenó?
En la sentencia de 280 páginas dividida en 962 puntos, el juez señala que
"por el recibo de ventajas indebidas de la OAS en virtud de un contrato
con Petrobras" y "por el ocultamiento y disimulación de la titularidad
del apartamento 164-A, tríplex, y del beneficiario de las reformas
realizadas".
Según Moro, "el grupo OAS,
dirigido por el acusado José Adelmário Pinheiro Filho, destinó el inmueble sin
cobrar el precio correspondiente, y absorbió el costo de la reforma, teniendo
presente que se trataba de un bien destinado al Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva".
El juez escogió el momento
adecuado para decretar la condena de Lula, quien dejó el gobierno a inicios del
año 2011 con un 87% de popularidad. Ese mismo día, el parlamento aprobó la
reforma laboral propuesta por el presidente Temer, que despoja a los
trabajadores brasileños de derechos conquistados en los últimos 70 años, como
el de arbitrar los conflictos en el ámbito de la Justicia Laboral. Por la ley
aprobada, los conflictos se decidirán mediante una negociación directa entre
patronos y empleados... También ese día, la Comisión de Constitución y Justicia
de la Cámara de Diputados rechazó la relatoría del diputado Sérgio Zveiter
(PMDB-RJ), favorable a que se investigara la denuncia del procurador general de
la República, Rodrigo Janot, contra Temer por corrupción pasiva. Se nombró un
nuevo relator, y el diputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) presentó un texto en el
que pide que se archive la denuncia de Janot. La proposición fue aprobada por
la Comisión, y la votará el 2 de agosto el plenario de la Cámara. Para
aprobarla serán necesarios los votos de 342 del total de 513 parlamentarios.
El mismo día en que ocurrían esos
episodios en la omisión de Constitución y Justicia, el exministro Geddel Vieira
Lima, hombre de confianza de Temer preso por el Lava Jato, obtenía el derecho a
dejar la prisión a cambio de detención domiciliaria. La sentencia de Lula opacó
las noticias desfavorables al gobierno golpista de Temer.
Para la defensa de Lula, no
dictar la prisión del expresidente representó "el reconocimiento de la
fragilidad de la fundamentación de la sentencia", y la
"prudencia" para evitar "ciertos traumas" demostró el tenor
político de la condena. "Es una sentencia meramente especulativa, que
desprecia las pruebas de inocencia y le da valor a la declaración del señor Leo
Pinheiro en su condición de delator informal, sin compromiso de decir la
verdad, y con manifiesta intención de destrabar su proceso judicial",
declaró el abogado Cristiano Martins.
Brasil está sumido en una
profunda turbulencia política. En menos de un año se produjeron el golpe
parlamentario que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff; la denuncia de la
Procuraduría General de la República contra Temer, el actual presidente; y la
condena del expresidente Lula.
Lo peculiar es que Lava Jato solo
existe gracias a los gobiernos de Lula y Dilma. La corrupción siempre fue un
elemento endémico en el Estado brasileño, desde la monarquía hasta la
República. Lo nuevo es que sale a la superficie y se castiga a corruptores y
corrompidos. Eso gracias a los gobiernos del PT, que reforzaron el Ministerio
Público y la Policía Federal. Lo lamentable es que no se haya realizado también
la reforma política, omisión de la cual el PT y la nación ahora son víctimas.
El propio juez Moro señala en su
sentencia: "Es fuerza reconocer el mérito del expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva en el fortalecimiento de los mecanismos de control, incluyendo la
prevención y la represión del delito de corrupción, especialmente gracias a las
inversiones efectuadas en la Policía Federal durante su primer mandato, el
fortalecimiento de la Contraloría general de la Unión y la preservación de la
independencia del Ministerio Público Federal mediante la selección para el
cargo de procurador general de la República de un integrante de la lista votada
por los miembros de la institución" (punto 793 de la sentencia).
Lula está pendiente de otros
cuatro procesos en los que se le acusa de corrupción. Otros importantes
dirigentes del PT ya han sido condenados en el Lava Jato: José Dirceu, a 23
años (actualmente en prisión domiciliaria); Antônio Palocci, a 12 años (preso);
João Vaccari Neto, a 15 años (preso); y Delúbio Soares, a 5 años (espera en
libertad el juicio en segunda instancia).
¿Por qué el pueblo brasileño no
se lanza a las calles en defensa de Lula y a favor del "fuera Temer"
como hizo en años anteriores por otras causas políticas? Entre los diversos
factores, subrayo el desempleo creciente, que en la actualidad afecta a 14
millones de trabajadores; el desencanto con la política; el vandalismo
recurrente en manifestaciones recientes, que infunde miedo a la violencia; el
espacio que ocupan las redes sociales como herramientas de protesta y denuncia.
No hay hoy en Brasil ninguna fuerza política con suficiente representatividad
para promover movilizaciones de calle significativas.
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