El cese al fuego bilateral
con el ELN, un histórico paso adelante
El anuncio de un acuerdo de cese al
fuego entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno
colombiano constituye un histórico paso adelante en los esfuerzos
por lograr una paz justa y sostenible en Colombia. Las negociaciones
de paz deben garantizar que todos los responsables de abusos y
violaciones graves de derechos humanos rinden cuentas. Así lo ha
declarado Amnistía Internacional.
“Colombia está dando un paso más
hacia el final de cinco décadas de conflicto armado que han
destrozado millones de vidas”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas,
directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Erika Guevara-Rosas, directora para
las Américas de Amnistía Internacional
“Es imperativo que todas las
partes enfrentadas cesen los ataques a civiles y otros delitos de
derecho internacional, y que, durante las negociaciones de paz, las
partes den prioridad a los derechos humanos y la rendición de
cuentas.”
El cese al fuego se ha firmado para
un periodo de cuatro meses, después del cual el gobierno colombiano
y el ELN empezarán a debatir un posible acuerdo de paz.
La noticia se ha dado a conocer al
mismo tiempo que se recibe nueva información sobre una creciente
actividad paramilitar en zonas controladas históricamente por grupos
guerrilleros, incluidos el ELN y las FARC (las antiguas Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia), que firmaron un acuerdo de paz
con el gobierno colombiano hace casi un año.
Amnistía Internacional ha
documentado la manera en que los enfrentamientos armados entre el
ELN, los grupos paramilitares y las fuerzas del Estado en el
departamento del Chocó, en el oeste de Colombia, han provocado un
deterioro de la situación humanitaria de los pueblos indígenas
wounaan y embera desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre
de 2016.
El mes pasado, una mujer indígena
murió al verse atrapada en el fuego cruzado. También se ha recibido
información sobre reclutamiento forzado de niños y niñas
indígenas, desplazamiento forzado y confinamiento, así como sobre
la presencia de minas antipersonal que han herido de gravedad a
varios miembros de la comunidad.
“Todo acuerdo de paz que se alcance
con grupos guerrilleros será inútil a menos que las autoridades
colombianas garanticen que los grupos paramilitares dejen de actuar
en el país. La disolución de los grupos paramilitares y la garantía
de los derechos humanos deben ser una máxima prioridad en la agenda
del gobierno colombiano”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.
Todo acuerdo de paz que se alcance
con grupos guerrilleros será inútil a menos que las autoridades
colombianas garanticen que los grupos paramilitares dejen de actuar
en el país.
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