A fin de efectuar su evaluación y
análisis de la situación de las personas privadas de la libertad en
Argentina, el Grupo de Trabajo se reunió con funcionarios de
gobierno nacional, autoridades provinciales, la Defensoría del
Pueblo de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación,
ONGs , miembros de la sociedad civil y detenidos en diversos penales
ubicados en las provincias recorridas.
El Grupo de Trabajo tomó
conocimiento de las amplias facultades de la policía para privar a
personas de su libertad por la sospecha de haber cometido un delito o
a los fines de verificar su identidad.
“Aquellos que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad como los niños, los pueblos indígenas
y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la
policía por la sospecha de haber cometido un delito o ‘demorados’
para verificar su identidad”, aseguró Steinerte, quien continuó
diciendo:“Resulta particularmente alarmante la respuesta
desproporcionada de las fuerzas del orden ante las manifestaciones
realizadas por los pueblos indígenas”.
Sètondji Roland Adjovi expresó:
“Exhortamos a las autoridades argentinas a que se abstengan de
emplear una fuerza desproporcionada y reanuden el proceso de diálogo
con las comunidades indígenas.”
La delegación señaló que la
policía tiene amplias facultades de detención y que se usa en
exceso la prisión preventiva, con un 60 por ciento de los detenidos
en esta categoría.
“A menudo las comisarías se
utilizan para alojar personas en prisión preventiva e incluso
condenadas. No obstante, las comisarías no están equipadas para tal
fin y el personal policial no es idóneo ni se encuentra capacitado
para llevar adelante las funciones de agentes penitenciarios”,
enfatizó el grupo.
“Alentamos a las autoridades a
aplicar medidas alternativas a la detención en todos los casos
posibles y, en especial, en aquellas instancias en que las personas
enviadas a un centro de detención irán a un entorno inadecuado o en
condiciones de hacinamiento, lo que en sí mismo sería una forma de
castigo”, señalaron.
El Grupo de Trabajo observó que, en
el caso de menores de edad, la excepcionalidad en la privación de la
libertad no se aplica como corresponde en la Argentina. “Durante
nuestra visita, recibimos testimonios de casos de privación de la
libertad y maltrato de menores de 16 años por parte de las fuerzas
de seguridad”.
También destacaron la situación de
los denominados ‘pacientes sociales’ o personas con discapacidad
psicosocial que no cuentan con los recursos ni con las redes sociales
como para poder vivir con sus familias o en la comunidad y, por ende,
están confinados a instituciones psiquiátricas durante años e
inclusive décadas, sin perspectivas reales de liberación.
En relación con la detención de migrantes, el Grupo de Trabajo lamentó la adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017, que modificó las disposiciones de la Ley sobre Política Migratoria Argentina N° 25.871 y eliminó salvaguardas importantes.
En relación con la detención de migrantes, el Grupo de Trabajo lamentó la adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017, que modificó las disposiciones de la Ley sobre Política Migratoria Argentina N° 25.871 y eliminó salvaguardas importantes.
“La detención de migrantes debe
ser excepcional, y puede justificarse únicamente si persigue un fin
legítimo, es proporcional además de necesaria, y cuenta con el
control judicial apropiado”, agregaron los expertos.
En septiembre de 2018, el Grupo de
Trabajo presentará su informe final ante el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
Los Grupos de Trabajo forman parte de
los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de
expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos
Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo
establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a
situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el
mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de
manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario
por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u
organización y actúan a título individual.
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