Sobre la
negociación con la guerrilla
“La reintegración de las Farc no
será una imposición del gobierno”: director ACR
Gloria Castrillón
El director de la Agencia Colombiaa
para la Reinteración (ACR) reconoce que hay confusión sobre el rol
que jugó la agencia en la desmovilización de los guerrilleros
desertores. Admite que el modelo colectivista que quieren las Farc no
es descartable y hace un llamado a la construcción de un modelo
sostenible a futuro.
Joshua Mitrotti, director de la ACR,
afirma que se está construyendo una propuesta articulada con muchas
entidades para la reintegración de los combatientes de las Farc.
Acaba de terminar en Pasto la Cumbre
de Expertos Internacionales: reintegración, reconciliación y
construcción de paz, que reunió a excombatientes, negociadores y
funcionarios de países que han vivido conflictos como El Salvador,
Guatemala, Filipinas, Irlanda del Norte, Kenia y Azerbayán. Las
recomendaciones para Colombia fueron varias.
Que hay que administrar las
expectativas, que no es indispensable ponerse de acuerdo sobre el
pasado, pero sí sobre el presente y el futuro, dijo Facundo
Guardado, excomandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) de El Salvador. Que firmar el acuerdo es lo más
fácil y que vendrán muchas dificultades, pero lo importante será
encontrar salidas en la institucionalidad, advirtió Henry Robinson,
excombatiente del Ejército Republicano Irlandés (Ira), de
Irlanda del Norte. Que no siempre el sentido común sirve para
manejar los conflictos, ya que el cerebro humano funciona de manera
diferente en la guerra que en la paz, explicó John Alderdice, de
Reino Unido. Que pueden venir problemas por la oposición de grupos
de ciudadanos a los acuerdos que retrasen el proceso, como sucedió
en Filipinas y lo contó Miriam Coronel, la mujer que encabezó el
equipo de gobierno en la negociación con la guerrilla islamista.
Tomando atenta nota, pero
esforzándose por mostrar los avances de la Agencia Colombiana para
la Reintegración, estaba Joshua Mitrotti, quien cumple año y medio
a la cabeza de esta entidad por la que han pasado 49.000 hombres y
mujeres que han dejado las armas de grupos ilegales. Sus esfuerzos
están concentrados, en este momento, en llevarles a los jefes de las
Farc una contra propuesta para pactar un modelo de reintegración que
cumpla las expectativas de sus combatientes. En diálogo con
Colombia2020 explica lo que ha recogido de los expertos
internacionales y lo que tiene para ofrecerles a las Farc.
¿Cómo va la construcción del
acuerdo con las Farc sobre el modelo de reintegración para sus
combatientes?
Recibimos una propuesta de las Farc
hace como dos semanas, sobre la que no me puedo pronunciar. Le puedo
decir que como Gobierno estamos construyendo una propuesta articulada
con muchas entidades que aun no se ha presentado en la mesa de
negociación. Será allá donde recibiremos las observaciones y ojalá
podamos acordar una propuesta que sea muy funcional para el objetivo
de terminar la guerra. Los expertos internacionales nos lo han dicho:
es fácil firmar el papel, pero lo complejo es materializarlo y la
reincorporación es el primer paso para asegurar que las habilidades
y competencias de estos hombres y mujeres que estuvieron como
combatientes les sirvan para hacer un tránsito a la sociedad, a la
familia, a la política, a la productividad.
¿Cuáles son los principales reparos
que tienen las Farc al proceso y a la ruta que tiene la ACR?
Desafortunadamente no hemos podido
hacer una buena pedagogía respecto a que el camino del desarme y
desmovilización y reintegración individual de los desertores, es un
camino fraccionado y repartido en varias entidades. En la agencia nos
encargamos solo de la reintegración. No trabajamos en desarme y
desmovilización que fue un modelo eficiente desde una visión
antisubversiva. Trabajamos desde la dignidad, desde la humanidad de
quien deja las armas. Esa es una primera dificultad que se puede
resolver, entendiendo que nuestra función ha sido la de construir un
proyecto de vida en la legalidad.
La segunda, es que este modelo ha
atendido a paramilitares y desertores, pero no se puede descalificar
porque ha atendido a quienes han sido mis enemigos o a quienes no me
gustan. Hay que hacer una evaluación sensata, pausada y tranquila;
hay que mirar de lo que hemos hecho, qué sirve y qué toca innovar o
aprender de otros lados. En la agencia tenemos toda la disposición
para hacerlo.
Hizo mucho daño la política de las
Fuerzas Militares de pagar recompensas y promover la delación...
Eso no tiene nada que ver con la
agencia. Hace muchos años entendimos que las personas en proceso de
reintegración están protegidas por el Derecho Internacioal
Humanitario (DIH) y no deben ser puestas en riesgo por el Estado
frente a ninguna acción militar o policial.
Pero sí ocurrió…
Pero no desde la agencia. La ACR no
lo promovió, no tiene programas de ese tipo, no tiene gastos
reservados. Esas son diferencias que se pueden resolver. Lo
importante es que estamos en función de materializar el acuerdo, lo
que queremos es ayudar a que estas personas encuentren un lugar digno
y dignificante en la sociedad.
¿Qué piensa de que las Farc no
quieran insertarse en este modelo de la ACR y pidan recibir dineros
de la comunidad internacional, manejarlos ellos mismos para unos
proyectos colectivos?
La agencia no riñe con el modelo
colectivo. Lo que promueve es que los ciudadanos tengan habilidades y
competencias que le permitan desempeñarse en la sociedad. Tenemos
experiencias exitosas donde comunidades enteras son productivas
gracias a un enfoque comunitario de asociatividad. Nosotros lo que
planteamos es que todo se tiene que hacer con tiempo, debe haber una
preparación, entender las necesidades del grupo para poder montar
procesos adecuados y que esta oportunidad histórica sirva para
romper ciclos de violencia.
¿Por qué hay tanta prevención
hacia el modelo colectivista de reintegración que plantean las Farc,
finalmente no riñe con la Constitución, no es ilegal?
Yo creo que es por los resultados del
pasado. Las experiencias cercanas y antiguas no han sido las más
positivas en cuanto a productividad, pero no se pueden descartar
modelos porque en el pasado no funcionaron. Lo que tenemos es que
aprender del pasado para ver si esta vez sí somos capaces de sembrar
semillas para que este país sea distinto. Pero hay que ser claros,
esto requiere un proceso, unas líneas de base, saber dónde estamos
y a dónde queremos llegar. No será una imposición del gobierno,
sino algo bien hecho entre las dos partes.
¿Qué pasará con los hombres y
mujeres de las Farc cuando se acaben los 180 días previstos para el
desarme?
Sería irresponsable pronunciarme.
Eso está por definirse. En el punto de fin del conflicto está
incluido el tema de dejación de armas y la reincorporación, que no
se ha negociado. En unos días vamos a poder dar luces para saber qué
pasa desde el día D hasta el 180 y más allá.
¿Eso significa que ustedes estarán
presentes en las zonas de concentración atendiendo a los
combatientes?
Si hace parte del acuerdo y el
gobierno nos necesita, pondremos toda nuestra capacidad humana y
técnica para hacer que ese acuerdo se materialice y se cumpla.
¿Hay un estimativo de cuánto
costará la reincorporación de los miembros de las Farc?
Todo depende del acuerdo de la mesa,
de los proyectos y de las actividades que pactemos. No hay un
cálculo, pero el Ministro de Hacienda ha planteado que hay
disponibilidad de recursos, una vez tengamos el acuerdo.
¿Y con cuántos recursos de la
comunidad internacional se está contando para esta tarea?
La gestión del ministro Pardo en
Estados Unidos tiene que ver con esos recursos. Pero hay que tener en
cuenta que la cooperación internacional será muy importante en los
primeros tres años, pero a largo plazo el desafío de construcción
de paz debe ser un propósito nacional. La experiencia de Guatemala y
del Salvador nos muestra que en esos primeros años, luego del
acuerdo, vamos a ser el epicentro para el mundo, pero nuevos desafíos
globales van a llevar la atención de la cooperación internacional a
otros lugares y es ahí donde como nación, como sociedad, tenemos
que tener una apuesta de colombianos para colombianos, en la
construcción de la paz.
Una de las lecciones de expertos de
El Salvador fue que los programas de reincorporación se centraron en
los excombatientes pero los pobres de siempre no recibieron nada y
eso generó un problema social…
Esa es una de las lecciones
aprendidas. Estos programas tienen que ser equitativos y justos con
las comunidades pobres, víctimas, que no tomaron las armas. Este
debe ser un ejercicio para que los réditos y los dividendos de paz
le lleguen a esas poblaciones más excluidas.
¿Ya tienen experiencias en ese
sentido?
Todo lo hacemos con oferta pública y
todos los cupos quedan para el territorio, a largo plazo la
reintegración ha significado el fortalecimiento de la oferta pública
en salud, en educación, en formación para el trabajo. Nuestra
política se articula con la Unidad de Víctimas, hemos entendido que
tenemos que compartir metodologías, políticas y mecanismos de
coordinación.
Tenemos desde hace muchos años una
estrategia de comunidades, para focalizar a la población receptora y
fortalecer mecanismos de participación ciudadana y de resolución
pacífica de conflictos. Tenemos la estrategia de prevención
de reclutamiento que va más allá de las personas en reintegración
y sus familias y llega a los barrios marginales. Allí, a partir de
arte, la cultura, el deporte y la recreación, se les da nuevos
referentes a los niños, niñas y adolescentes que están viendo la
ilegalidad como modelo de vida.
Tenemos un modelo de trabajo
comunitario de 80 horas gratis en las fases más avanzadas del
proceso de reintegración para que los desmovilizados puedan hacerse
más visibles, romper la estigmatización y hacer las paces con las
comunidades más afectadas por el conflicto. No somos una carga para
el territorio, estamos inmersos en la discusión de la política
social que redunda en beneficios de comunidades más cercanas a
violencia e ilegalidad.
Esos avances suenan bien, pero en
materia de empleabilidad y de oportunidades reales para los
desmovilizados, la experiencia no es exitosa.
Le voy a dar tres ejemplos porque
nuestra premisa es compararnos con otras poblaciones: si el
colombiano promedio ha estudiado 8.5 años, el desmovilizado promedio
lo ha hecho 6,5 años; si el colombiano promedio posee vivienda en un
25%, el desmovilizado promedio la tiene en un 15%; si el colombiano
promedio trabaja un 51% en la informalidad, el desmovilizado promedio
lo hace en un 69%. Eso quiere decir que somos un ejercicio de
responsabilidad con otras poblaciones, que nuestra política debe ser
un laboratorio de innovación que pueda mejorar condiciones para toda
la población.
Hay varios departamentos, como
Córdoba, donde la empleabilidad fue un fracaso. Allá la comunidad
pide que el Estado les cumpla a los desmovilizados de las Farc,
porque no lo hicieron con los paramilitares.
Sin hablar de algún territorio en
particular, puedo decir que ciudades como Bogotá, Medellín o
Cartagena tienen una gran capacidad de absorción en el sector
privado, y van a jugar un rol muy importante, pero en territorios
como Guaviare, Guainía, Caquetá o Córdoba, el principal empleador
es el Estado. Ahí venimos identificando algunas posibilidades en el
marco de la implementación de acuerdos, para garantizar empleo no
solo a los que dejan las armas sino a toda la población.
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