LA MAYOR PREOCUPACIÓN DE
ORGANIZACIONES DE DDHH CON LA JEP
“Que la paz no nos cueste la
impunidad”, fue la consigna que se escuchó durante la
audiencia sobre las Obligaciones estatales contra la impunidad y la
Justicia Especial para la Paz, en la cual las organizaciones de
derechos humanos peticionarias reiteraron que la JEP debe investigar
y sancionar a quienes hayan sido parte del conflicto, debe garantizar
los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad en
casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de
guerra.
“Hemos advertido de la existencia
de peligros concretos que significarían un franco desconocimiento de
la obligación de investigación y sanción por todos los hechos y
responsables en el conflicto” aseguró Alejandro Malambo
integrante de la Comisión Colombiana de Juristas.
En dicha audiencia se aprovechó para
recalcarle al Estado colombiano que tiene la obligación de sancionar
y castigar a todos los responsables de graves violaciones a los
DD.HH. Según las organizaciones participantes, dicho principio
quedaría en riesgo por acciones cometidas por agentes del
Estado “quienes no recibirían un tratamiento simétrico,
equilibrado y equitativo en la Jurisdicción Especial para la
Paz sino uno que privilegia su posición en detrimento de la
verdad y la justicia de las víctimas de sus crímenes” recalcó
Malambo
De igual modo, se hizo especial
hincapié en la importancia de conocer la responsabilidad de mando,
tal y como está consagrado en el artículo 20 del Estatuto de Roma y
se hizo una grave denuncia “es posible que por las más de 5 mil
víctimas en los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como
“falsos positivos” sucedidas en el periodo 2002-2010, la
cadena de mano no responda por los crímenes cometidos por las
tropas” dijo Malambo.
Y se insistió en la importancia de
juzgar a terceros como por ejemplo empresarios, que hayan tenido
parte en la financiación de crímenes o en general del conflicto
armado interno en Colombia “entendemos que las garantías de no
repetición son un proceso, pero se requieren actuaciones de manera
inmediata (…) pedimos que la CIDH formule una lectura jurídica
respecto a la sustracción del Artículo 28 del Estatuto de Roma en
la JEP por parte de las Fuerzas Militares” recalcó Danilo
Rueda integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
aseguró que
La participación de las víctimas ha
sido menoscabada.
Durante esta audiencia también se
hizo una fuerte crítica al tema de la participación de las víctimas
en la implementación de los acuerdos de paz “resarcir a las
víctimas está en el centro de los acuerdos de paz entre FARC y
Gobierno” recordó Harold Vargas de la Corporación Jurídica
Libertad.
Según el jurista, se hubiese
esperado que las víctimas participarán en su desarrollo legal en el
Congreso así como en el funcionamiento de todo el sistema de verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición.
Hasta el momento, dicen las
organizaciones sociales, la participación de las víctimas ha
sido menoscabada en las diversas fases de implementación del
acuerdo.
"No se convocó a las víctimas
para participar en los debates legislativos del Congreso y al llamar
la atención sobre este punto, el Congreso decidió delegar una sola
persona, desconociendo la pluralidad de víctimas que existen”
aseveró Vargas.
Voluntad, coherencia, buena fe y
decisión fueron las características que Verónica Hölker
integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos, aseguró se deben tener para que adicional a la firma de los
Acuerdos, estos puedan llegar a buen término.
En consecuencia “modificar
estándares internacionales de imputación y rendición de cuentas de
agentes del Estado obstaculiza la satisfacción de los derechos de
las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación”
manifestó Hölker.
Las organizaciones hicieron un
llamado a la CIDH para que pregunte al Estado por los mecanismos que
pretende implementar para tratar los graves crímenes cometidos por
el Estado y los terceros. Así como aclarar cómo va a ser el
mecanismo que utilizará el Estado para garantizar la participación
de las víctimas.
¿QUÉ DIJO EL ESTADO?
Por su parte, el Estado hizo
referencia a cifras que, según ellos, dan cuenta de los
significativos avances que han permitido el proceso de paz firmado
con las FARC y el trabajo que se ha estado realizando desde la
institucionalidad.
El Ministro del Interior, Juan
Fernando Cristo, se dirigió a las organizaciones aseverando que “las
cifras son la mejor demostración y la más contundente, de cómo
mediante la negociación política vamos avanzando en la mejor
garantía para los derechos de las víctimas (…) por ejemplo
podemos hablar de una reducción del 13% de homicidios en Colombia
entre enero y marzo de 2016 vs 2017.
Sin embargo, durante la intervención
estatal no se hizo manifiesto, además de las cifras, propuestas o
respuestas frente a las preocupaciones entregadas por las
organizaciones sociales participantes.
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