Carta al Gobierno colombiano

de las organizaciones de la sociedad civil colombiana y de la Mesa de Trabajo 

sobre la política pública de Empresas y Derechos Humanos 

Carta de las organizaciones de la sociedad civil colombiana y de la Mesa de Trabajo sobre la política pública de Empresas y Derechos Humanos al Gobierno colombiano para que apoye el proceso de negociación del instrumento internacional de carácter vinculante para el control de las Empresas Transnacionales y otras empresas

Las organizaciones de la sociedad civil colombiana abajo firmantes y la Mesa de Trabajo sobre la Política Pública de Empresas y Derechos Humanos en Colombia, queremos, a través de esta carta, instar al Gobierno colombiano a participar activamente en el Tercer periodo de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales y otras Empresas con respecto a los Derechos Humanos, y a apoyar el avance de las negociaciones de un instrumento internacional de carácter vinculante para asegurar la protección de los derechos humanos frente a las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas.

Somos conscientes que hasta ahora el Gobierno colombiano le ha apostado al abordaje de esta cuestión con mecanismos como el Plan Nacional de Acción, que a nuestro criterio sigue siendo un instrumento blando que no ofrece respuesta a la crisis de derechos humanos que se vive en los territorios colombianos donde operan grandes empresas, ni ofrece garantías reales a las víctimas afectadas por dicha operación empresarial, y que tampoco ofrece ningún avance en resolver los evidentes desequilibrios entre la protección a las inversiones (en el ordenamiento nacional e internacional) y la desprotección de las comunidades eventualmente afectadas.

La flexibilidad y benevolencia con que se sigue tratando a las empresas que operan en territorio colombiano a través de esta política pública sobre EYDH, basada en principios rectores de Naciones Unidas y en la promoción de los códigos voluntarios de conducta, contrasta fuertemente con la situación que está afrontando el mismo Gobierno colombiano, al tener que enfrentar numerosas y cuantiosas demandas por parte de grandes empresas |1| que, lejos de respetar las leyes y la jurisdicción nacional, se sirven de los mecanismos de protección de inversiones para cuestionar la soberanía del Estado en lo que tiene que ver con las decisiones acerca de la gestión de sus recursos naturales o del ordenamiento de sus territorios, o incluso en lo relativo al uso de los mecanismos disponibles para el control fiscal. |2|

Por ello, consideramos que esta tercera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental, que se llevará a cabo en Ginebra, es una oportunidad imperdible para que el Gobierno colombiano apoye con total convencimiento el avance de las negociaciones de un Tratado Internacional, que precisamente dote de herramientas a las comunidades para un acceso efectivo a la justicia frente a las afectaciones derivadas de la operación empresarial en los territorios, y dote también de herramientas al Estado para garantizar el cabal respeto de los Derechos Humanos de las comunidades afectadas, así como para defenderse frente a la ofensiva empresarial en materia de demandas, que pone en entredicho la estabilidad del país tanto a nivel fiscal como a nivel socioeconómico.

En las sesiones de los pasados años 2015 y 2016 se exploró la naturaleza, alcance y elementos que podrían ser incluidos en un instrumento jurídicamente vinculante sobre corporaciones transnacionales y otras empresas con relación a los derechos humanos. Este año 2017 se espera iniciar la negociación de los contenidos y profundizar en la cuestión del alcance de este nuevo instrumento. La sesión de este año es crucial para asegurar que este importante proceso siga avanzando en el seno de las Naciones Unidas, para lograr extender la comprensión y apoyos por parte de más Estados y actores interesados.

Sigue siendo patente el compromiso y entrega de gran cantidad de organizaciones y movimientos sociales a nivel mundial con este proceso. Su labor de incidencia constante y constructiva, así como con sus acciones de permanente movilización y su participación y acompañamiento a las deliberaciones en las Naciones Unidas, han jugado un papel clave para respaldar el proceso y mostrar la relevancia de alcanzar un instrumento internacional que contribuya a esa lucha por justicia social y los derechos humanos en el mundo. Desde nuestras organizaciones y desde la Mesa de Trabajo sobre la Política Pública de Empresa y Derechos en Colombia, ratificamos nuestro interés y compromiso con este proceso.

Por ello, insistimos en la imperiosa necesidad de que el Gobierno colombiano atienda a este llamado y, principalmente a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, y también a través de la Cancillería y su delegación especial en Ginebra, dé un paso adelante y se comprometa en el avance hacia un Tratado Internacional de carácter vinculante para el control de las empresas transnacionales y otras empresas. Ésta sería una gran muestra de voluntad en su compromiso con atender de una forma real y genuina la crisis de Derechos Humanos que se registra en los territorios afectados por la operación empresarial, y superar por fin los débiles estándares que ofrecen los códigos de conducta voluntarios o el actual Plan Nacional de Acción.