Coca: ¿aspersión, erradicación o
sustitución?
El debate está atravesado por la
polarización frente a los acuerdos de paz. Expertos opinan.
Marisol Gómez Giraldo
Durante 15 años se aplicó un
ambicioso programa de aspersión aérea con glifosato.<br>
El debate sobre la estrategia
antidrogas está tan politizado que los protagonistas de la discusión
parecen haber olvidado que el país ya experimentó todo en su
lucha contra la producción, el procesamiento y el tráfico de
cocaína y que nunca, en las últimas dos décadas, Colombia ha
dejado de ser el primer productor mundial de esa droga.
En su lucha contra las drogas, el
país llegó a tal extremo de que, en los comienzos del Plan
Colombia, la cárcel de Mocoa, capital del Putumayo –el
departamento con más cultivos de coca en ese entonces–, se llenó
de humildes raspachines, entre ellos muchas mujeres, que fueron
capturados para mostrarle resultados a Estados Unidos.
“La cosa se puso así desde
febrero, cuando comenzaron con el cuento del Plan Colombia. Por
justificar un proyecto cogen a un raspachín y lo presentan como a un
mafioso”, le dijo en ese entonces a esta reportera un sacerdote de
Mocoa.
Hoy, 17 años después, Putumayo es
el segundo departamento del país con más cultivos de coca, después
de Nariño. Y Colombia, según la medición de la ONU, terminó el
2016 con 146.000 hectáreas de plantíos ilícitos, apenas 20.000
menos de las que había en el 2000. Es decir, nada ha cambiado
mucho aunque durante 15 años se aplicó un ambicioso programa de
aspersión aérea con glifosato.
Es más, un trabajo de la Universidad
de los Andes coordinado por el hoy ministro de Salud, Alejandro
Gaviria, y por el actual secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel
Mejía, concluyó que “la aspersión aérea y la erradicación
manual de cultivos ilícitos han sido muy costosas y poco eficaces en
reducir la producción de cocaína”.
Los dos señalaron en el estudio
‘Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos’:
“La evidencia científica, no la ideología, debería guiar el
diseño de las políticas antidrogas”.
Y para ellos, que recopilaron
diversas investigaciones sobre el tema, la evidencia muestra que
la interdicción de cargamentos de cocaína y la destrucción de
laboratorios es “mucho más eficaz”porque “golpea mayormente la
rentabilidad del negocio y tiene, por lo tanto, un mayor poder
disuasivo”.
En el 2016, por ejemplo, la Policía
y las Fuerzas Militares incautaron 362 toneladas de cocaína,
equivalentes al 41 por ciento de la producción potencial de esa
droga en el país cada año. Además, destruyeron 4.843 laboratorios,
una cifra sin precedentes.
El director del Centro de Estudios
sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Hernando
Zuleta, afirma que la experiencia de Colombia en la lucha antidrogas
indica que, además de la interdicción y la destrucción de
laboratorios, la mejor estrategia, entre aspersión,
erradicación forzada y sustitución voluntaria de los cultivos
ilegales, es esta última.
“La erradicación forzada –dice
Zuleta– puede producir resultados a corto plazo, pero los
campesinos terminan sembrando en otro lado”.
De hecho, miles de campesinos que hoy
siembran coca en Nariño llegaron a ese departamento tras ser
desplazados por las fumigaciones aéreas desde el Putumayo y Caquetá.
En cambio, la sustitución voluntaria
garantiza que los cultivadores tengan ingresos mientras el Estado
materializa los programas sociales y de infraestructura que las
comunidades requieren para sacar sus nuevos productos a los
mercados y para hacer sostenible su vida en la economía legal.
Zuleta hace énfasis en la
importancia de que el programa de sustitución voluntaria tenga un
acompañamiento suficiente. “El riesgo es que el Gobierne no
realice las inversiones que se requieren en las zonas
cocaleras”, puntualiza. Por eso han fracasado anteriores
proyectos de sustitución voluntaria.
Acabar con una hectárea de coca
mediante la sustitución voluntaria vale 36 millones de pesos, que
es lo que dará el Estado a cada familia durante los dos años que
dura el acompañamiento.
Mientras tanto, erradicar una
hectárea de manera forzosa puede terminar costando, por la
resiembra, unos 39 millones de pesos, según el Observatorio de
Drogas del Ministerio de Justicia.
Y mediante la aspersión aérea,
la erradicación de una hectárea de coca vale entre 200 y 300
millones de pesos, según estimaciones del Centro de Estudios
sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Todo esto
sin contar el costo social.
Pero, como la lucha antidrogas está
hoy atravesada por los acuerdos de paz con las Farc, y estos
polarizan, el debate de los actores políticos hoy no está
enfocado en determinar la estrategia más eficiente para acabar con
la coca. Más bien, ellos están utilizando el tema para posicionarse
de cara a las elecciones presidenciales del 2018.
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