Alfredo Molano Jimeno
Estos grupos buscan copar las zonas
que la guerrilla de las Farc dejaron tras su desmovilización. Hoy
ejercen control en 275 municipios de 28 departamentos.
En varios municipios del Chocó hacen
presencia grupos paramilitares/ Cristian Garavito –
Hace 11 meses se firmó el Acuerdo
de Paz con las Farc y lo que ha sucedido desde el día en que
inició la implementación dista ostensiblemente de lo pactado en La
Habana. A trompicones se han venido poniendo los cimientos de la
reconciliación Aún no está en marcha la Jurisdicción
Especial de Paz (JEP) ni avanza la reforma política, a la que
algunos ya le dicen la “Ley Titanic”, porque hace aguas en el
Congreso. Tampoco se tiene noticia de la Ley de tierras, que debe
sentar los principios de la reforma rural y, para completar, son
pocos los avances de las llamadas garantías de seguridad.
En este contexto, el Instituto
de Estudios para el Desarrollo y la Paz acaba de lanzar un nuevo
informe sobre la presencia de grupos narcoparamilitares. El estudio,
que se ha venido presentando todos los años desde 2006, recoge la
información sobre la presencia y denominación de estas bandas
criminales —que cambian de nombre en la oficialidad pero mantienen
las mismas prácticas y zonas de control—.
Según el documento, en los primeros
seis meses de implementación del Acuerdo de Paz se ha
identificado la presencia de grupos “narcoparamilitares” en 275
municipios que se extienden en 28 departamentos del país. Y aunque
se registra una pequeña disminución con respecto a 2016 en el
número de sitios donde operan estas organizaciones, existen cinco
departamentos (Córdoba, Chocó, Meta, Antioquia y Risaralda) en los
que controlan más de la mitad del territorio. En Córdoba, por
ejemplo, figuran en 25 de los 30 municipios, y en Antioquia se
extienden en 65 de los 125 que lo conforman.
Una realidad dramática si se tiene
en cuenta que en el punto 74 del Acuerdo Final de Paz se
establece la creación de una Unidad de Investigación y
Desmantelamiento de las organizaciones criminales —incluyendo
las sucesoras del paramilitarismo antes de su firma— y que en el
capítulo de Fin del Conflicto se define la naturaleza de dicha
unidad especial, que estará adscrita a la Fiscalía General de
la Nación.
Pero nada que se cumple lo pactado en
esta materia. Primero, porque la JEP aún no está
funcionando, dados los retrasos en el Legislativo, y segundo, porque
a pesar de que la Fiscalía debe tener un papel protagónico en la
conformación de dicho organismo, el actual jefe del ente
acusador, Néstor Humberto Martínez, se resiste a que sea una
dependencia directa de sus funciones y, además, no gusta de las
facultades de policía judicial que podría tener. Por eso, lo que
ocurra esta semana con la ley estatutaria de la JEP en el Congreso
será definitivo en la lucha contra el paramilitarismo.
Con relación a la intensidad de la
actividad de los grupos paramilitares, el informe de Indepaz
recoge los municipios con presencia de estos en los últimos diez
años y los clasifica en intensidad alta, media o baja, según la
cantidad de tiempo que hayan hecho presencia en cada uno de los 274
mencionados. Con estos datos, por ejemplo, figura Amalfi (Antioquia)
entre los lugares con mayor intensidad de grupos paramilitares. Se
trata del municipio que vio nacer a los hermanos Castaño, fundadores
de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
En esta misma categoría esta Puerto
Boyacá, celebre por declararse la “capital antisubversiva de
Colombia” y donde el famoso mercenario israelí Yahir Klain puso en
marcha las tristemente célebres escuelas de descuartizamiento.
Resulta muy diciente que Meta, Córdoba y Antioquia tengan hoy la
mayoría de sus municipios con alta de presencia de grupos
criminales.
En el informe de Indepaz, una de las
tendencias positivas que se permite observar es cómo la presencia de
grupos paramilitares en Cesar, Magdalena, Sucre, Valle del Cauca,
Cauca y Nariño ha disminuido, a pesar de haber sido zonas que en
cierto momento padecieron con mayor intensidad dicho fenómeno. Ya
sobre las particularidades de los grupos que se registran como
sucesores de las Auc, se identificaron siete grupos que ejercen
control en una porción importante de territorios en Colombia.
El clan del Golfo es la
organización con mayor número de estructuras y está presente en
211 municipios de 22 departamentos, mientras que los restantes seis
grupos —más otras ocho pequeñas franquicias del crimen— tienen
influencia en menos de 30 municipios. Dichas estructuras comparten no
sólo las tipologías criminales, que incluyen homicidios, secuestros
y desplazamientos, sino que además tienen idénticas fuentes de
financiación, siendo los cultivos ilícitos, la minería ilegal, la
extorsión o los préstamos “gota a gota”, las más
características.
Sobre el clan del Golfo, el
documento señala que es una organización de alcance nacional y que
su centro de poder se ubica en la región de Urabá, en Córdoba y el
sur de los departamentos de Bolívar y Sucre. “En lo corrido de
2017, los esfuerzos de la Policía se han centrado en su combate.
Bajo el marco de la “Operación Agamenón” recibieron
golpes contundentes que dejaron como resultado la muerte y captura de
algunos de los sus más importantes cabecillas, como alias Pablito y
alias Gavilán, este último era el segundo al mando”,
puntualiza el informe.
Los golpes de la Fuerza
Pública produjeron como respuesta el plan pistola del mes de
mayo, que dejó un saldo de 11 policías asesinados. El otro plano en
el que se mueve este grupo criminal se refiere a una fase
exploratoria de un acuerdo de sometimiento a la justicia. Lo anunció
hace un mes su máximo líder, alias Otoniel, y el presidente
Juan Manuel Santos designó al fiscal Martínez para explotar la
posibilidad.
El documento finalmente brinda
algunos datos sobre el resto de grupos paramilitares, como el de los
Puntilleros, que opera en la Orinoquia, específicamente en 22
municipios de Meta, Guaviare y Vichada. También se registra la
capacidad operativa de las Águilas Negras, que están
desplegadas en 24 municipios de 10 departamentos: “Su accionar se
centra en amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos
humanos. Durante el primer período de 2017, las amenazas se dieron
en torno a la implementación del Acuerdo de Paz; de las
consultas populares, principalmente en el departamento del Tolima;
contra territorios colectivos y autonomías étnicas, y para ejercer
control social”, señala el estudio.
Finalmente, el documento resalta la
presencia de los Rastrojos en 27 municipios de siete
departamentos, a pesar de que desde 2016 el Gobierno los tiene por
desarticulados. En una menor categoría, Indepaz registró
la existencia de 11 grupos de carácter local o regional. El informe
concluye con el caso del Ejército Popular de Liberación (Epl),
a quien se le quitó la categoría de guerrilla y se le puso la de
“grupo armado organizado”, cuyo alcance se registra en 11
municipios de Norte de Santander, principalmente en la región del
Catatumbo y los fronterizos Cúcuta y Villa del Rosario.
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