Más
allá de los asesinatos
Este fin de semana se lanza en Bogotá
la Agenda Común para la Paz, un proyecto en el que participaron 338
mujeres y 427 hombres de 19 departamentos. Cuatro líderes hablaron
con Colombia2020 sobre cómo esta iniciativa puede mejorar la vida de
las comunidades.
Nicolás Sánchez A. /
@ANicolasSanchez
De izquierda a derecha: María
Quiñonez (integrante del Proceso de Comunidades
Negras en Nariño), Jaime Rodríguez (líder social en Nariño), Ana Fernández (lideresa
de los indígenas Wayuu) y Gerardo Bazan (líder social en Guapi).
“Los líderes sociales no queremos
ser noticia solamente cuando nos asesinan”, sentenció Jaime
Rodríguez, vocero de Minga Nariñense por la Paz, una
organización que agrupa a 16 organizaciones sociales y siete
políticas del departamento de Nariño. No es para menos, según
cifras de Somos Defensores, un programa no gubernamental que
trabaja por la protección de los defensores de derechos humanos, 80
líderes sociales fueron asesinados en 2016.
La sentencia de Rodríguez se dio en
medio del lanzamiento de la Agenda común para la paz desde los
territorios (AGP), un proyecto que tiene como objetivo articular
las propuestas de paz que las organizaciones sociales han planteado
desde hace años en 19 departamentos del país. La iniciativa de
las ONG Planeta Paz y Oxfam, que contó con el apoyo de la Unión
Europea, escuchó entre marzo de 2014 y febrero de 2017 a 338 mujeres
y 427 hombres que ejercen labores de liderazgo al interior de sus
comunidades. “Cada uno de nosotros tiene conocimiento del
territorio, conjugamos eso y hemos hecho una propuesta para el país”,
afirma María Quiñonez, integrante del Proceso de Comunidades
Negras (PCN) en Nariño.
La confluencia de las experiencias
regionales incluye preocupaciones comunes como el reconocimiento de
los territorios de minorías étnicas, la participación de las
mujeres y el fortalecimiento de las economías comunitarias. Quiñonez
proporciona un ejemplo, asegura que en los nueve municipios
nariñenses donde hay consejos comunitarios (unidades
administrativas de comunidades afrodescendientes) se presentan
choques entre las autoridades civiles y las autoridades comunitarias
debido a la falta de dialogo entre las partes.
En el caso de los indígenas
Wayuu la apuesta es por el fortalecimiento de su sistema de
justicia. Ana Fernández, vocera de las organizaciones Junta
Mayor Autónoma de Palabreros y de la Organización
Binacional de Mujeres Wayyu, cuenta que debido a que su pueblo habita
tanto Venezuela como Colombia muchas veces tienen impedimentos en
ambos países para que las autoridades civiles respeten a las
autoridades ancestrales.
Desde su cosmovisión la aplicación
de justicia se hace de manera simbólica. Explica con un ejemplo: si
una persona comete un asesinato dos palabreros (que en lengua llaman
putchipu), uno elegido por la familia de la víctima y la otro por la
del victimario, dialogan hasta llegar a un acuerdo sobre la
compensación, esta se puede tasar en bienes materiales como chivos.
Con medidas como esas buscan que entre las partes haya un proceso de
reconciliación. “Nosotros como pueblo Wayuu no enviamos a nuestros
hermanos a la cárcel. Estamos en contra de esos procesos”, cuenta
Fernández.
A Bogotá llegarán 120 líderes
sociales de las regiones para asistir a eventos de lanzamiento de
la ACP que se desarrollan entre este viernes 24 de enero y
el próximo domingo 26. Sin embargo, en Colombia históricamente
ha existido una brecha entre los planteamientos de los sectores
sociales y la implementación de las políticas públicas.
El reto de ser escuchados
Los cuatro líderes sociales
entrevistados para este artículo coinciden en que el proceso que han
adelantado durante tres años en la concertación de las propuestas
tendrá efectos positivos en la vida de las comunidades sólo si el
documento, fruto del proyecto AGP, es utilizado como insumo para el
planteamiento de políticas públicas.
“En la AGP está el querer de las
comunidades Los cambios se darán en la medida en que esas
iniciativas se articulen a la acción del Estado”, señala Gerardo
Bazan, integrante del Consejo Comunitario del Río Guajuí, en
el municipio de Guapi (Cauca). Quien agrega que las comunidades
negras del pacifico caucano tienen propuestas en tres ejes. El
primero es la reglamentación de la ley 70 de 1993, norma que
reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades
negras que han ocupado tierras baldías en las zonas rurales
ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico y establece
mecanismos de fomento de igualdad de oportunidades frente al resto de
la sociedad colombiana.
El segundo es la implementación del
capítulo étnico acordado en la Mesa de Conversaciones de La
Habana en el cual lograron que se incluyeron banderas de las
minorías étnicas como, por ejemplo, el fortalecimiento de las
guardias indígena y cimarrona. El último eje de sus demandas tiene
que ver con el cumplimiento de la consulta previa, el derecho de las
comunidades étnicas a ser consultadas antes de que se implementen y
construyan medidas administrativas y legislativas que involucren sus
territorios.
Las ONG que lideraron la ACP
empezarán a construir una ruta de incidencia para que las demandas
recogidas en el proyecto se posicionen en las instancias de decisión
a nivel nacional, regional y local y en sectores de la sociedad que
no participaron en este ejercicio. “Ese proceso implica
escenarios de acuerdos y alianzas estratégicas en esos tres
niveles”, enfatiza Camila Macías, vocera de Planeta Paz.
Jaime Rodríguez, de la Minga
Nariñense por la Paz, cuenta que el pasado domingo 19 de febrero
estuvo en la zona veredal de normalización ubicada en el
municipio de Policarpa entregando el resultado de la ACP a los
cerca de 300 guerrilleros de las Farc que están reunidos a la espera
de dejar las armas. Además, el jueves 23 de febrero hizo entrega del
material a algunos congresistas.
Los líderes sociales han sido
quienes durante muchos años han recogido las demandas de las
comunidades. La ACP es en la práctica un documento que expone y
propone la solución a diversas problemáticas en las regiones, una
oportunidad para que el país empiece a escuchar las propuestas de
quienes habitan las zonas más afectadas por la guerra y dejar de
repetir una y otra vez aquello que Alberto Salcedo Ramos alguna
vez sentenció en una crónica: “Los habitantes de estos sitios
pobres y apartados solo son visibles cuando padecen una tragedia.
Mueren, luego existen”.
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