Nicolás Sánchez A.
León Valencia, director de la
fundación Paz y Reconciliación, le entregó al vicepresidente,
Óscar Naranjo, y a las Farc un informe que revela que cese al fuego
se ha cumplido en un 99%. También documenta preocupaciones por
la adecuación de las zonas veredales, el asesinato de líderes
en las regiones y la reintegración de los excombatientes.
León Valencia lidera, junto con el
expresidente Ernesto Samper, la iniciativa Unión por la Paz.
Para lograr esos objetivos, por un
lado, crearon una página web en la cual publicarán investigaciones
sobre los avances de la implementación y las consecuencias de esto
en las regiones. Por otro lado, impulsarán alianzas entre candidatos
que defiendan los acuerdos de paz. Además, cada tres meses le
entregarán al Gobierno y las Farc unos informes que se
titularán “Cómo va la paz” sobre el balance del
cumplimiento de lo acordado. El primer documento fue entregado el
pasado miércoles 19 de abril al vicepresidente, Óscar Naranjo,
y a Pastor Alape, integrante del secretariado de las Farc.
De la iniciativa hacen parte sectores
empresariales, religiosos, políticos y sociales. El comité de
impulso lo encabezan el expresidente Ernesto Samper y
la fundación Paz y Reconciliación del analista León Valencia.
Horas después de la entrega del informe hablamos con Valencia sobre
el balance que hace la iniciativa acerca del avance de la
implementación. Sus palabras denotan esperanzas, por temas como el
cumplimiento casi absoluto del cese al fuego, y preocupaciones, como
las que se derivan de los persistentes asesinatos de líderes
sociales, fenómeno del cual el analista brinda algunos indicios
sobre los responsables.
¿Están preocupados por la manera
como se está implementando el acuerdo de paz entre el Gobierno y las
Farc?
Sí. Hay varios lunares, por ejemplo,
la muerte de líderes sociales. Eso tiene que parar. Aquí se tuvo la
experiencia de la Unión Patriótica. Segundo, la demora y las
improvisaciones en las zonas veredales de normalización, eso es
grave porque manda un mensaje muy negativo a futuro: si esto, que era
más fácil, está fallando cómo va a ser el proceso de
reintegración de los combatientes en unas zonas donde hay que
ofrecerles proyectos productivos, estabilidad y futuro.
El otro gran problema es la lentitud
que tiene el ‘Fast track’ que de rápido va teniendo
muy poco. Hay 27 leyes que deben salir de ahí y solo hay tres
aprobadas. No hay un ambiente en el Congreso para acelerar el
proceso, tanto que se empieza a hablar de prolongar el ‘Fast
track’.
También hay mucha lentitud en cuanto
al desarme de las Farc porque hay 900 caletas y faltan 41
días para que se cumpla el plazo de la dejación de armas.
Desactivar 900 caletas implica unos protocolos de Naciones
Unidas y no hay agilidad para eso.
Pero la gran preocupación es la
reintegración de los combatientes porque dentro de 41 días hay que
decirles a los hombres y a las mujeres de las Farc cuál va
a ser su futuro cuando se desarmen.
¿Por qué dice que no fue bien
estructurado?
Eso se hizo en el último momento, en
una especie de cónclave en La Habana, y no hay un nuevo modelo de
reintegración. Hay un viejo modelo que no es posible aplicarle a
las Farc porque se refiere a reintegración urbana,
individual y dirigida por el Estado. La reintegración de esta
guerrilla será colectiva, en el campo y dirigida conjuntamente por
las Farc y el Gobierno.
¿Qué factores influyen en la
violencia contra líderes sociales?
La mayoría de estos líderes
sociales son de las zonas donde las Farc empezaron a
marchar hacia los puntos de concentración. Segundo, hacían labores
de paz y que tenían liderazgo político y social en esas zonas.
Tercero, podían jugar un papel a futuro en los nuevos movimientos
políticos y sociales.
En la muerte de líderes hay
algo sistemático contra el proceso de paz y el Ministerio de
Defensa no acepta esa realidad, dice que son casos aislados y
con muchas causas distintas al proceso de paz. Eso es grave.
¿Cuáles estructuras pueden estar
detrás de los asesinatos?
En algunos sitios las tenemos
identificadas. Normalmente lo que vemos es una coalición de actores
ilegales con actores políticos legales para impulsar estas muertes.
Por ejemplo, en el Urabá chocoano algunos líderes políticos,
personas en la legalidad, están influenciando y pagándole a gente
del Clan del Golfo para que mate líderes sociales. En
Caquetá el asesinato de líderes tiene mucho que ver con la disputa
política local, gente que participó en las elecciones locales de
2014, y que podría amenazar el poder político establecido en zonas
como San Vicente del Caguán. Algunos asesinados eran
reclamantes de tierras.
¿Existen hoy relaciones entre el
poder político regional y estructuras armadas criminales?
Sí, y a veces ha habido una
pasividad del Estado y de la Fuerza Pública. Cuando
reacciona a fondo el Estado y la Fuerza Pública esto tiende a
aminorarse.
¿Se han podido establecer alianzas
entre estas élites regionales y élites nacionales?
La vocería contra los acuerdos de
paz está muy identificada nacionalmente el Centro Democrático
y la mayoría del Partido Conservador. Hay una
especie de flujo de consignas, de críticas y de oposición en las
negociaciones de paz. Muchos sectores aprovechan para, en nombre de
la crítica, hacer cosas indebidas. Por ejemplo, en el mes previo al
plebiscito hubo un crecimiento enorme de asesinatos de líderes
sociales.
En el Urabá chocoano ustedes ya han
identificado unas dinámicas…
Sí, unos vínculos entre élites
políticas y empresariales que aúpan y les pagan a las bandas
criminales del Golfo para que cometan esos asesinatos.
¿Políticos de cuáles partidos y
empresarios de cuáles sectores?
Normalmente es gente que se ve
afectada por la restitución de tierras y gente que ve
amenazado su proyecto político en la región por la emergencia de
nuevas fuerzas. Nosotros le hemos dado al Gobierno, en privado,
indicios de por dónde vienen esas balas.
¿Y en público no se puede decir?
No, porque no nos interesa armar una
controversia política, sino que haya eficacia en que eso no siga.
¿Cuáles son los factores para los
retrasos en la adecuación de las zonas veredales?
Lo que hubo fue una improvisación y
una irresponsabilidad enorme del alto comisionado de paz,
Sergio Jaramillo. No hay disculpa porque el pacto de las zonas
veredales se hizo el 23 de junio de 2016 y el gerente se nombró
hasta diciembre cuando las zonas debían arrancar el 31 de enero. El
Estado no se preparó. Además, se contrataron empresas que no
estaban capacitadas para hacer eso con prontitud.
¿Qué interpretaciones hacen ustedes
de la contratación de empresas sin experiencia?
Ahí hay un campo de investigación
amplio. Los contratos con esas empresas son igualitos todos,
prácticamente solo cambia el nombre de la empresa, las mismas
palabras de principio a fin, se hicieron de manera rápida, sin un
concurso y de manera irresponsable. Eso es extraño porque acá hay
mucha gente con experiencia para hacer esa infraestructura.
Hay tres puntos críticos en el país:
el Catatumbo, Nariño y Chocó ¿Qué análisis hacen ustedes de esas
regiones?
El Estado tenía la obligación de
hacer un copamiento de esas zonas de las que salían las Farc.
Estaba documentado que cuando la guerrilla saliera de los territorios
otros actores iban a intentar capturar las rentas y los mercados
ilegales. No se tomaron las previsiones para movilizar rápidamente
las fuerzas para llegar a esas zonas y para hacer una presencia más
integral del Estado.
El ministro Luis Carlos Villegas dice
que la batalla por las zonas que ocupaban las Farc está ganada ¿Qué
opina?
Él le envió una carta larga a
la Fundación Paz y Reconciliación cuando producimos un
informe sobre las zonas de las que salían las Farc explicándonos el
dispositivo para coparlas. El dispositivo es bueno, pero está en el
papel porque implica transformaciones en la Policía que son lentas.
En el caso del Chocó, por ejemplo, no hay ninguna variación de
presencia de la Fuerza Pública y hay una cohabitación con las
bandas criminales y una permisividad en Quibdó y en las zonas
aledañas. Aunque hay partes donde lo han puesto en la práctica,
Tolima y Huila.
¿Se puede estar ante un fenómeno
como la entrada del Bloque Pacifico al Chocó en los años 90?
Sí. Chocó es un hervidero porque se
ha convertido en una disputa enorme de mercados ilegales, allá se
están disputando el oro, el narcotráfico, las maderas y hay un
desplazamiento de las elites antioqueñas hacia los negocios de allá,
un poco de la mano de ilegales.
¿Hay aspectos esperanzadores en la
implementación del acuerdo?
Sí, por ejemplo, el cese
bilateral de hostilidades definitivo se ha cumplido en un 99%,
solamente ha habido tres incidentes entre la Fuerza Pública y las
Farc. Eso no es fácil de lograr. En los anteriores procesos de paz
en Colombia fracasaron los ceses bilaterales.
Lo segundo es que en los 281
municipios donde ha estado el conflicto en los últimos 30 años
después de iniciadas las negociaciones y, sobretodo, después del
cese bilateral ha caído de manera vertical el homicidio, los
secuestros y el desplazamiento forzado. Los únicos factores ilegales
y de violencia que están creciendo, y que obedece a factores a veces
muy distintos de las negociaciones de paz, son los cultivos ilícitos
y el narcotráfico. Todos los factores de violencia se están
reduciendo en esas zonas de una manera ostensible. También hay
avances en acuerdos como la Justicia Especial para la Paz,
refiriéndose al acto legislativo que se aprobó.
¿Cómo van a rodear la Mesa de
Quito?
Una primera tarea es contribuir a la
participación de la sociedad civil. Esa mesa necesita mucho apoyo
político. Hay que buscar que surjan líderes que apoyen ese proceso
de paz para ayudar a resolver momentos de tensión.
Además, es muy importante, por la
tradición del Eln, tener a la llegada del Papa a
Colombia acuerdos que le den un salto a la negociación. Ojalá que
sea un cese bilateral de hostilidades y que se alcancen acuerdos que
hagan irreversible el proceso para que no estén bajo el peligro de
la confrontación
¿Por qué creen que la llegada del
Papa es un momento crucial para ese proceso?
Para nadie es un secreto la gran
influencia de la Iglesia Católica en la guerrilla del Eln.
Nacieron de la mano del sacerdote Camilo Torres Restrepo,
durante muchos años tuvieron como jefe máximo al padre Manuel Pérez
Martínez y en el seno del Eln hay una gran tradición
religiosa. El comandante actual, Nicolás Rodríguez Bautista,
siempre ha tenido un afecto especial por las gestiones de la Iglesia.
Esperamos aprovechar eso que respetan y admiran tanto como un punto
clave para dar un salto en esas negociaciones de paz.
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