Ulises Noyola Rodríguez
Al cierre del cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto,
la deuda pública
de México alcanzó un máximo histórico de 9.38 billones de pesos,
monto equivalente a 50.5% del Producto
Interno Bruto (PIB). Esta situación pone de manifiesto la crisis
estructural que padece la economía mexicana agudizada a raíz del
estallido de la crisis global en septiembre de 2008
Frente a la debacle, el gobierno
mexicano decidió apostar por el endeudamiento público,
principalmente a través de la emisión de deuda interna
(67% de la deuda pública), que se contrata con acreedores nacionales
y se liquida en pesos mexicanos, lo cual disminuyó la vulnerabilidad
externa ante una restricción del financiamiento externo denominado
en dólares.
Sin embargo, la emisión de deuda
pública no sirvió para impulsar el crecimiento económico
sustentado en una mayor inversión pública, sino que las entidades
estatales con un mayor nivel de endeudamiento público estuvieron
caracterizadas por tener gobiernos con altos índices de corrupción
(Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz).
La falta de supervisión del gobierno
mexicano sobre la deuda pública permitió el endeudamiento excesivo
de las entidades estatales, sin comprobar la canalización de los
fondos recaudados para el financiamiento de proyectos de
infraestructura, que evitaran su uso inadecuado auspiciado por la
corrupción de los gobernadores estatales.
Uno de los casos más dramáticas es
Veracruz, entidad que fue recientemente declarada en emergencia
financiera debido a la incapacidad de la administración estatal de
cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales y servicios de
sus funcionarios públicos; esto pone en evidencia las graves
consecuencias derivadas de la adquisición de un elevado nivel
endeudamiento público bajo un contexto político plagado de
corrupción.
Por otra parte, para el gobierno mexicano será cada vez más difícil
encontrar condiciones accesibles de financiamiento a través de
costos reducidos en los mercados nacionales debido a la normalización
de la política monetaria de la Reserva
Federal de Estados Unidos, situación que ha provocado cinco
incrementos de la tasa de interés de
referencia por un total de doscientos cincuenta puntos base por parte
del Banco de México durante 2016.
De esta manera, el aumento
sistemático de la tasa de interés de referencia del Banco de México
que se situó en un nivel de 5.75% en diciembre de 2016, elevará aún
más el costo del financiamiento del gobierno mexicano en los
mercados financieros; la situación será cada vez peor toda vez que
se esperan tres aumentos más de la tasa de interés de los fondos
federales de la Reserva Federal para el año 2017.
Las condiciones adversas de
financiamiento para el gobierno mexicano ya se ha hecho sentir en la
reducción del Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondiente a 2017 por una cantidad de 240,000 millones de pesos,
que afectó seriamente la disponibilidad de recursos de varias
dependencias estatales (Petróleos Mexicanos, Secretaría de
Educación Pública, Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Secretaría de Salud).
La
perspectiva de la economía mexicana es desfavorable ya que se prevén
mayores ajustes en el sector público que todavía tuvo un déficit
primario de 217,570 millones de pesos (1.3% del PIB)
en 2015, que se espera convertir en un superávit primario de 73,800
millones de pesos (0.4% del PIB) con el fin de fortalecer la
confianza de las finanzas públicas en los mercados financieros en
2017.
La restricción de financiamiento
público por parte de las autoridades estatales se realiza en un
contexto crítico para la economía mexicana luego del triunfo
electoral del candidato republicano a la presidencia de Estados
Unidos, Donald Trump. El magnate se comprometió a construir un muro
fronterizo que sostiene, será financiado por el gobierno mexicano,
además de llevar a cabo una renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) durante los primeros meses de
su mandato.
La negociación para reformular los
términos del TLCAN corre el riesgo de desencadenar aún más
incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial entre Estados
Unidos y México. El panorama es muy amenazante ante la posibilidad
de reducir la inversión privada de origen estadounidense hacia la
economía mexicana, situación que no haría sino apuntalar las
tendencias recesivas sobre México ante la ausencia de un estímulo
fiscal.
El desarrollo de las negociaciones
sobre el TLCAN podría resultar grave para la economía mexicana,
puesto que la proyección de crecimiento del PIB se encuentra
actualmente en 1.9% para el próximo año, mientras que un caso
adverso de las negociaciones podría suscitar una caída de
2.7 % del PIB en 2017, de acuerdo con
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Por añadidura, si Donald Trump hace
realidad algunas de sus amenazas en contra de México (congelamiento
de las remesas, aplicación de un arancel de 35% sobre las
exportaciones mexicanas, salida de Estados Unidos del TLCAN),
provocará una salida abrupta de capitales, situación que reducirá
considerablemente el margen de maniobra del gobierno para apoyar la
actividad económica por medio del endeudamiento.
La perspectiva negativa de las
calificadoras de crédito internacionales (Fitch, Standard &
Poors, Moody’s) sobre la economía mexicana a partir del triunfo
electoral de Donald Trump, apunta a la disminución de la nota
asignada a los títulos de deuda pública por las calificadoras de
crédito, lo cual se traducirá en mayores ajustes en el sector
público a fin de conseguir un saldo positivo en las finanzas
públicas en 2017.
En conclusión, el porvenir de la
economía mexicana se vislumbra bastante negativo tras el triunfo
electoral de Donald Trump, que indudablemente causará estragos para
las finanzas públicas de México, pero solamente mostró la
vulnerabilidad de la economía nacional derivada de la
desarticulación del sistema productivo, la corrupción y nuestra
extrema dependencia de la economía de Estados Unidos.
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