Leonardo BOFF
Todos reconocen que estamos
sumergidos en una profunda crisis, de las más graves de nuestra
historia, porque abarca todos los ámbitos de la vida social y
de la particular. El hecho de la crisis significa que perdemos las
estrellas-guía y nos encontramos en un vuelo ciego sin saber
hacia dónde vamos. Nadie hoy puede decir lo que será Brasil en los
próximos meses. Por eso no es verdad afirmar que las
instituciones están funcionando. Si funcionasen no habría crisis.
Funcionan para algunos y para otros son completamente
disfuncionales, especialmente para la gran mayoría del pueblo,
víctima de reformas sociales que van contra sus anhelos más
profundos y, lo que es peor, que implican la retirada de derechos y
de conquistas históricas, tal como están previstas en las
reformas laboral y de la seguridad social.
Nadie puede negar que estamos
sumergidos en un caos político que se revela por la supresión de
los límites de los tres poderes de la república, cada uno
invadiendo la esfera de los otros. Los procuradores, los jueces y las
fuerzas policiales que llevan a cabo la operación Lava Jato
pasan por encima de preceptos constitucionales, algunos sagrados en
todas las tradiciones jurídicas desde el tiempo del Código de
Hammurabi (1772 a.C), como es la presunción de inocencia.
Las investigaciones de Lava Jato y las delaciones premiadas
sacaron a la luz del día lo que se había ido gestando desde
hace decenas de años: la red de corrupción que se apoderó del
Estado, de las grandes corporaciones y de los parlamentarios, en su
mayoría elegidos por las grandes empresas, representando más los
intereses de ellas y menos los del pueblo.
Hemos llegado a un punto crítico en
el que tenemos al frente del poder ejecutivo a un Presidente acusado
de corrupción, rodeado de ministros en gran parte denunciados y
corruptos. Tanto el parlamento como el presidente han perdido
totalmente la credibilidad, lo que se revela por los bajísimos
índices de aprobación popular.
El presidente no muestra ninguna
grandeza, víctima de su propia mediocridad y de su vanidad
ilimitada. Se aferra al poder sabiendo la desgracia que eso
representa para el pueblo y la completa desmoralización de la
actividad política. En caso de que renuncie o pierda el cargo
en el proceso del TSE, se invoca el artículo 81 de la Constitución
–que no es cláusula pétrea como quieren algunos– que prevé
la elección indirecta del presidente por el Congreso.
De las calles y de todos los estratos
viene el grito: ¿qué legitimidad tiene un congreso cuando gran
parte de él está formada por personas denunciadas por delitos
de corrupción? Día a día crece la petición de elecciones directas
ya, no sólo de Presidente sino también de todos los
parlamentarios. Por lo tanto, elecciones directas generales, ya.
Cuando existe un caos político y sin
líderes con capacidad de mostrar una dirección, la solución más
sensata es volver al primer artículo de la constitución que
reza “todo poder emana del pueblo”. El es el sujeto legítimo del
poder político, el poseedor de la verdadera soberanía. Todos
los elegidos son representantes legitimados por este poder. Como dice
el conocido jurista Nicola Matteucci de la Universidad de
Bolonia: “La soberanía es un poder constituyente, el
verdadero poder último, supremo, originario… que se
manifiesta solamente cuando está rota la unidad y la cohesión
social” (Dicionário de Política, Brasilia 1986, p.1185).
Pues bien, estamos ante la quiebra de
la unidad y de la cohesión social. Ya no hay nada que nos una, ni en
los partidos ni en la sociedad. Todo puede ocurrir, como una
explosión social violenta, sin excluir una intervención militar, ya
ensayada en las manifestaciones populares de Brasilia el día 25
de mayo.
Cuando ocurre tal caos social es la
soberanía popular la que debe ser invocada y hacerse valer. Esta es
previa a la constitución que prevé elecciones solamente en
2018. Aquí está la base para convocar elecciones directas ya.
Nuestra constitución está cubierta de parches, tantas fueran
las enmiendas que equivalen a la mitad de su texto. Se está
preparando una nueva enmienda constitucional que prevé la
anticipación de las elecciones generales para este año. Estas no
podrían ser solamente de presidente, sino de todos los
representantes políticos.
¿Qué autoridad tendría un
presidente, elegido indirectamente, o incluso directamente,
manteniendo el actual Parlamento, infectado de mala voluntad y
desmoralizado por las acusaciones de corrupción? Junto a esta
elección directa, vendría una reforma política mínima que
introdujese la cláusula de barrera partidista y regulase las
coaliciones para evitar un presidencialismo de coalición, que
favoreció la lógica de los amaños y de la corrupción y por eso no
es recomendable. Ese camino sería el más viable y tenemos que
apoyarlo.
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