El reto de la
inclusión
César Torres Acuña*.-
Esta semana
tuve la oportunidad de participar en una serie de talleres para la
elaboración de la Política Nacional de Oportunidades de Empleo para
Personas con Discapacidad, organizado por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE). En estos espacios, personas ciegas,
sordas, y con otras deficiencias mentales e intelectuales, tuvieron
la oportunidad de exteriorizar los problemas que enfrentan día a día
para acceder y mantenerse en el mercado laboral; al mismo tiempo,
pudieron plantear alternativas para eliminar las barreras que les
impiden hacer efectivo su derecho fundamental al trabajo.
Se trata de un proceso que se está
desarrollando tanto en Lima como en provincias, involucrando a
diversas organizaciones de personas con discapacidad, así como a
entidades públicas y al sector empresarial. Esperemos que esta
experiencia sirva para fortalecer el proceso de inclusión de las
personas con discapacidad y pueda sentar un precedente importante, el
cual sea replicado por otras entidades públicas a nivel nacional,
regional o local.
La generación de espacios de
participación para las personas con discapacidad es buena 'per se'.
Es preciso, por tanto, reconocer el esfuerzo del MTPE en implementar
el proceso de consulta respetando la diversidad y heterogeneidad de
la discapacidad -física, sensorial, mental e intelectual-; más aún
si tenemos en cuenta los grandes desafíos que esto implica, desde la
implementación de las adaptaciones necesarias para garantizar una
participación efectiva de estas personas –como intérpretes en
lenguaje de señas, documentos en formatos accesibles, utilización
de lenguaje sencillo, etc.-, hasta la real disposición a escuchar
las narraciones sobre las dificultades cotidianas que sufren para
insertarse en el mercado laboral y la incorporación de las
recomendaciones que estas personas plantean para eliminar las
barreras que les impide trabajar en condiciones de igualdad.
Recordemos que, en el Perú, de
acuerdo a la Primera Encuesta Especializada sobre Discapacidad,
realizada por el INEI-ENEDIS 2012, más de un millón y medio de
personas tiene alguna discapacidad, y de ellos casi el 77% están
fuera del mercado de trabajo. Asimismo, entre las personas con
discapacidad que buscan empleo, más del 12% no lo consigue, lo cual
representa el triple de la tasa de desempleo nacional. Por otro lado,
de las 278 mil personas con discapacidad que están en el mercado de
trabajo, aproximadamente 162 mil trabajan como independientes, y
solamente un aproximado de 79 mil personas tiene la condición de
empleado u obrero. En resumen, la desocupación de esta población es
elevada.
De acuerdo a las personas con
discapacidad, la baja formación y capacitación que tienen es uno de
los principales factores que impiden el acceso a un empleo digno. De
acuerdo a las cifras del INEI, dos de cada tres personas con
discapacidad en el país presentan una significativa brecha educativa
que dificulta su inserción en el mercado de trabajo.
Por tanto, toda política orientada a
promover oportunidades de empleo a esta población debe estar en
estrecha relación con el cierre de brecha educativa que existe
actualmente. Recordemos que, según el INEI, el 24% no cuenta con
ningún nivel educativo, el 41% tiene solo primaria, el 23% cuenta
con estudios secundarios y solo el 12% con estudios superiores. Estas
cifras no hacen sino evidenciar la urgencia de mejorar la
calificación laboral de estas personas, a fin de favorecer su
inclusión en el mercado de trabajo.
Seamos honestos, si no se trabaja en
recortar la brecha educativa, difícilmente tendrá éxito una
política de oportunidades de empleo para personas con discapacidad.
No se trata de promover la caridad para la contratación laboral sino
de desarrollar capacidades que generen oportunidades reales de acceso
y permanencia en el empleo.
La generación de oportunidades de
empleo demanda formación y capacitación, así como programas de
apoyo financiero para el emprendimiento, campañas orientadas a
eliminar los prejuicios negativos existentes contra estas personas, y
el establecimiento de servicios y programas que brinden asesoría
tanto a los empleadores como a las personas con discapacidad que
buscan empleo.
Esperemos que el compromiso asumido
por los Estados, en el marco de la APEC, de implementar una
estrategia educativa que permita mejorar las competencias y la
empleabilidad, tome en consideración esta realidad y se genere un
contexto en el cual se logre realmente incluir a esta población por
el bien de toda la sociedad.
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