carta No. 309: El diálogo: instrumento de paz

 

Con los ojos fijos en Él

en la realidad y la fe

Comisión ecuatoriana Justicia y Paz
carta No. 309 – 5 de octubre de 2025
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El diálogo: instrumento de paz

“Si hay una palabra que tenemos que repetir hasta cansarnos es esta: DIÁLOGO. Estamos invitados a promover una cultura del diálogo, tratando por todos los medios de crear instancias para que esto sea posible y nos permita construir el tejido social… hoy es urgente involucrar a todos los actores sociales en la promoción de una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa, sin exclusiones”. Papa Francisco.

NNuestro país vive otro momento crítico. La decisión política del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel generó un paro nacional que ya dura casi quince días, iniciado por el movimiento indígena, liderado por la CONAIE, al que se han ido sumando otros actores sociales.

Las autoridades han respondido implementando distintas estrategias y medidas para desprestigiar y anular la movilización. La represión y los hechos de violencia se han desatado: hay un muerto, varios heridos —algunos de la fuerza pública—, personas maltratadas y detenidas, calificadas como terroristas.

Se ha producido una escalada que, en los actuales momentos, impide ver una salida pronta a la situación, debido a la intransigencia gubernamental y su negativa a iniciar un proceso de diálogo y negociación.

Desde la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz, estamos convencidos de que solo mediante un proceso de diálogo es posible resolver el presente conflicto, que ya tiene graves consecuencias sociales y económicas. Si nos remitimos a la historia, mediante el diálogo finalizaron el Primer Levantamiento Indígena de 1990 y los subsiguientes de 1992 y 1994. Del mismo modo, los paros y levantamientos de 2019 y 2022 concluyeron con procesos de diálogo y negociación.

Desde distintos sectores de la Iglesia, representantes de otras iglesias, instancias ecuménicas, así como numerosos actores y organizaciones de la sociedad civil y de la academia, se insiste en la necesidad de crear cauces adecuados para el diálogo. Unimos nuestra voz en este mismo sentido.

El diálogo no debe limitarse a terminar las movilizaciones, sino servir como una herramienta para prevenir nuevos conflictos. Debe generar acuerdos realistas y viables, basados en el reconocimiento del otro, la flexibilidad para ceder por el bien común y la amabilidad como forma de liberar las relaciones humanas de la crueldad y la indiferencia.

Quien dialoga cultiva la amabilidad, “facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes”.

Es posible que, si finalmente se abre un proceso de diálogo, se establezcan mecanismos e instituciones de mediación que cuenten con la aceptación de las partes y ejerzan una labor de arbitraje plenamente neutral, para alcanzar consensos derivados de las negociaciones.

En el diálogo deben participar quienes resultan directamente afectados por la decisión final. Quien toma el diálogo en serio no ingresa en él convencido de que el interlocutor nada tiene que aportar, sino todo lo contrario. Quien participa de un diálogo no cree poseer “toda la verdad clara y diáfana”, ni ve al interlocutor como alguien a quien convencer, sino como alguien con quien dialogar.

Dialogar en serio implica escuchar, mantener la propia posición si los argumentos del otro no convencen, o modificarla si resultan razonables. Supone buscar una solución justa, basada en el entendimiento mutuo. Entenderse no significa lograr un acuerdo total, pero sí descubrir los puntos en común y precisar, desde allí, en qué hay coincidencias y en qué no.

Un diálogo serio exige que todos los interlocutores puedan expresar sus puntos de vista, presentar argumentos y responder a otras intervenciones. La decisión final, para ser justa, no debe atender a intereses individuales o grupales, sino al interés general. Y aun así, puede estar equivocada, por lo que siempre debe quedar abierta a revisiones.

La cultura del diálogo implica un aprendizaje permanente. El diálogo es urgente e impostergable. El diálogo es instrumento de paz.   #ComuniquemosEsperanza

 

Con los ojos fijos en El, en la realidad y la fe" es una publicación de la Comisión ecuatoriana Justicia y Paz, resultado de reuniones periódicas de los miembros de la Comisión para analizar, reflexionar y proponer alternativas, a través de estas cartas.

 

UN DIÁLOGO NECESARIO

 

UN DIÁLOGO NECESARIO

“Si hay una palabra que tenemos que repetir hasta cansarnos es ésta: diálogo. Estamos invitados
a promover una cultura del diálogo, tratando por todos los medios de crear instancias para que
esto sea posible y nos permita reconstruir el tejido social (…) Para nosotros, hoy es urgente
involucrar a todos los actores sociales en la promoción de una cultura que privilegie el diálogo
como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la
preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones”. (papa Francisco).

Nuestro país vive nuevamente un momento crítico, La decisión gubernamental de suprimir el subsidio al diésel generó un paro nacional que ya dura más de 10 días, que fue iniciado por el movimiento indígena y su principal organización, la CONAIE, al que se han ido sumando otros actores sociales con distinta intensidad. Quizás fue la gota que rebasó el vaso de la indignación popular.

Las autoridades han respondido implementando distintas estrategias y medidas para desprestigiar y anular la movilización. La represión y los hechos de violencia se han desatado y, lamentablemente, se ha perdido de forma cruel e injustificable la vida de un dirigente comunitario, hay varios heridos, incluso algunos de la fuerza pública, y personas maltratadas y presas, que han sido calificadas como terroristas.

Se ha producido una escalada de violencia que, en los actuales momentos, impide ver una salida fácil y pronta a la actual situación, por la intransigencia gubernamental y su negativa a iniciar un diálogo y negociación.

Sin embargo, desde la Comisión Justicia y Paz del Ecuador tenemos la convicción, basada en la experiencia, de que sólo con un proceso de diálogo es posible resolver el presente conflicto que ya tiene graves consecuencias sociales y económicas Si nos remitimos a la historia, mediante el diálogo finalizó en 1990 el Primer Levantamiento Indígena y los que se realizaron los años subsiguientes de 1992, 1994, etc. En los años recientes, el paro y levantamiento del año 2019 terminó con una negociación con la mediación de representantes de las Naciones Unidas y en 2022 con la mediación de la Iglesia Católica. Estas experiencias demuestran que siempre que se han producido hechos similares, el diálogo y negociación fueron fundamentales para superar la crisis y encontrar acuerdos.

Desde distintos sectores de la Iglesia, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, varias diócesis, la organización de los religiosos y religiosas ecuatorianos, representantes de otras iglesias, instancias ecuménicas y numerosos actores y organizaciones de la sociedad civil y de la academia insisten en la necesidad de crear cauces adecuados para el diálogo. Como Comisión de Justicia y Paz del Ecuador unimos nuestra voz en este mismo sentido.

Tenemos claro que no se trata de solicitar el diálogo solo como un medio para terminar con las reivindicaciones populares, sin llegar a ninguna conclusión efectiva y que evite nuevos brotes de protesta; el diálogo debe llegar a acuerdos realistas, que cuenten con los mecanismos para hacerlos viables y ejecutables. La negociación implica hacer concesiones de parte y parte: no se puede esperar que haya falsas unanimidades, ni una confluencia total de criterios en torno a un pensamiento único, pero sí debe establecer consensos que tengan como fin el bien común con justicia para poder construir la paz que todos anhelamos.

¿Qué se necesitaría para un diálogo que resulte eficaz?

Es necesario establecer unas condiciones previas para ambas partes. En primer lugar, tienen que demostrar apertura y superar los maximalismos e intransigencias actuales, que impiden cualquier proceso de diálogo. Deben asumir el respeto total a los derechos de las personas, organizaciones e instituciones, incluido el derecho a la resistencia y la protesta.

El Gobierno Ecuatoriano debería comprometerse a:

·        Eliminar los actuales niveles de represión y los abusos contra los derechos de las personas que desde las fuerzas de seguridad se pueden generar. No se puede matar ni disparar contra el pueblo.

·        Dejar de identificar y asimilar las protestas populares con el narcotráfico y el terrorismo.

·        Liberar a las personas apresadas y que se encuentran en proceso de juzgamiento como terroristas o aliados de los narcotraficantes: así como investigar y sancionar el asesinato de Efraín Fuérez.

El movimiento indígena y las organizaciones sociales, por su parte, deberían asumir estas actitudes:

·         Respetar y no dañar los bienes y recursos públicos y privados.

·         Evitar totalmente cualquier acto de violencia y realizar protestas pacíficas.

·         No agredir a las instituciones o personas que no se unen al paro o a las que piensan distinto.

Es posible que, si finalmente se abre un proceso de diálogo, se establezcan algunos mecanismos e instituciones de mediación que deben contar con la aceptación de las partes y realizar una labor de arbitraje plenamente neutral para llegar a los consensos que surjan de las negociaciones.

Como Justicia y Paz no pretendemos representar a nadie, sólo queremos, desde nuestra sencilla palabra, ayudar a que se reflexione y se inicie un diálogo que detenga la locura actual. Es posible que, desde las iglesias, los organismos internacionales, la sociedad civil y la academia se establezcan participativamente los mecanismos para impulsarlo y se pueda ejercer el rol de mediación que consideramos necesario en esta coyuntura.

En nuestro Ecuador necesitamos superar la nefasta polarización que nos divide y nos hace ver a los otros como enemigos irreconciliables con los que hay que acabar y no como adversarios ideológicos y políticos que piensan y tienen intereses distintos y con los que se puede llegar a acuerdos en busca del bien común mayoritario y del respeto a los derechos de las personas y de la naturaleza.

El diálogo efectivo debe llevar a cambios perdurables. No debemos olvidar que la población indígena del país ha sido históricamente, y sigue siendo, uno de los sectores más excluidos de la sociedad, con niveles de pobreza y desnutrición crónica infantil cercanos al doble de la media nacional, un acceso limitado a la educación, y una fuerte discriminación étnica en el mercado laboral. Solamente una fuerte inversión social en desarrollo comunitario, con participación de las comunidades y respeto a la multiculturalidad, puede sembrar raíces para la superación de esta situación de inequidad.

Pedimos al Señor que nos ilumine y asumimos la oración de san Francisco de Asís: “Haz, Señor,

que seamos instrumentos de tu paz, que donde haya odio, pongamos amor”. Octubre-2-2025

 #ComuniquemosEsperanza

carta No. 308: !Buscar el diálogo, la paz y la justicia!

 

Con los ojos fijos en Él

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Comisión ecuatoriana Justicia y Paz
carta No. 308 – 27 de septiembre de 2025
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 !Buscar el diálogo, la paz y la justicia!

“A veces los conflictos pueden ser inevitables, pero sólo pueden resolverse fructíferamente en un espíritu de diálogo y sensibilidad hacia los demás y sus razones, y en un compromiso común con la justicia en busca del bien común” Papa Francisco.

La movilización y marcha de Cuenca, con la participación de más de 100 mil personas para defender el agua y la vida, y la convocatoria de la CONAIE al Paro Nacional para rechazar el alza del precio del diésel, modificaron el escenario político.

El Gobierno de Noboa logró imponer su proyecto mediante una estrategia de “shock blando”, en un canje de libertades por seguridad, con la construcción de un espacio marcado por la polarización política y el apoyo norteamericano.

El alza del precio del diésel, que apunta al financiamiento del presupuesto fiscal y a obtener buenas calificaciones del Fondo Monetario Internacional, desacomodó la lógica gubernamental. Los costos sociales por el aumento de los combustibles provocarán la subida de los productos básicos, de los pasajes y del transporte; este incremento generó una reacción social inesperada para el régimen.

El gobierno inicialmente eligió el camino de la Consulta Popular, pero ante la reacción social y el desgaste de su credibilidad, cambia y plantea la convocatoria a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. La fragilidad de la Carta Magna es notoria. Los políticos de turno en el poder buscan, por todos los medios, elaborar una a su medida.

Una auténtica Asamblea Constituyente debe abrir un diálogo amplio para construir un acuerdo nacional que permita enfrentar la crisis económica, la violencia y otros problemas estructurales, proyectando al país hacia el futuro. Una nueva Constitución, si llega a concretarse, tendría que mantener la regulación al modelo extractivista y minero, preservar los derechos de la naturaleza y la consulta previa, impedir que las fuerzas armadas y la policía amplíen su capacidad represiva, y evitar la privatización de sectores estratégicos, en especial de la seguridad social. También debería garantizar la soberanía nacional y la protección del Patrimonio Natural de las Galápagos, aumentar los presupuestos de salud y educación sin abrir espacio a monopolios, revisar o incluso eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y suprimir el Consejo de la Judicatura, que hoy manipula y controla la justicia.

Este periodo de profunda crisis social y económica es un momento clave para abrir el diálogo: un diálogo digno, horizontal, equitativo, ecuánime y propositivo, que oiga y escuche todas las voces, que procese propuestas, que teja acuerdos, que busque y encuentre alternativas y visualice potenciales soluciones a la complejísima y delicada realidad nacional. Urge que el gobierno dirija el país con humanidad y que los sectores sociales, además de protestar y expresar su descontento por la eliminación del subsidio al diésel, propongan soluciones.

En lugar de propiciar el diálogo, el gobierno ha respondido con confrontación, violencia y criminalización de la protesta, acompañadas de ataques racistas, cierre de medios, bloqueo de cuentas y campañas de falsos positivos que obstaculizan cualquier acercamiento con los sectores sociales.

Vemos con preocupación esta polarización y la insensibilidad del gobierno ante el clamor social. El camino de la represión y de la intimidación impide la paz y la apertura de un diálogo con sentido de país. Llamamos al gobierno y a las organizaciones sociales al diálogo, a retomar las mesas de trabajo que quedaron a medio camino en 2022, a trabajar en un gran acuerdo nacional para impulsar salidas democráticas a las crisis que vive el país y dar respuestas al dolor que sienten, sobre todo, los sectores más pobres y menos favorecidos. #ComuniquemosEsperanza

carta No. 307: ¡Los subsidios deben focalizarse!

 

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Comisión ecuatoriana Justicia y Paz
carta No. 307 – 21 de septiembre de 2025
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¡Los subsidios deben focalizarse!

“Porque no me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo. Lo que da dignidad es el trabajo. Los subsidios son solo una ayuda provisoria. El que no tiene trabajo, siente que le falta algo, le falta esa dignidad que da propiamente el trabajo, que unge de dignidad”. Papa Francisco, 14 de octubre de 2021.

Los países en desarrollo, como Ecuador, caracterizados por una alta inequidad y condiciones difíciles para gran parte de la población, han implementado subsidios para atender diversas necesidades: la pobreza (bono de desarrollo humano), el desempleo, la electricidad, entre otros. Estas transferencias económicas buscan proteger a los hogares frente a choques económicos en tiempos de crisis, estimular sectores productivos, suplir la ausencia de redes eficientes de protección social e incluso garantizar estabilidad política. En contextos de desigualdad y descontento social, los subsidios funcionan como una válvula de escape.

Un subsidio es una ayuda económica del Estado, en dinero o descuentos, para reducir el costo de bienes o servicios y proteger a quienes no pueden pagar precios de mercado, equilibrando así el impacto social y económico de los aumentos.

El problema aparece cuando los subsidios son generalizados y, al igual que los impuestos, se aplican a todos por igual, sin atender a la población más afectada o a las necesidades reales.

En Ecuador, la reciente eliminación del subsidio al diésel ha desatado un intenso debate nacional, incluyendo paros y movilizaciones. Los subsidios a los combustibles tienen una larga historia desde los años setenta y han incrementado el peso fiscal, convirtiéndose en un compromiso enorme para el Estado. Si se los considera un gasto, como señalan algunos analistas, entre 2010 y 2023 el país destinó aproximadamente 53.922 millones de dólares a subsidios de combustibles. Sin embargo, ese “gasto” también ha funcionado como una compensación frente a los precios de mercado: si se eliminan, el Estado gasta menos, pero la población paga más.

Al no estar focalizados, estos subsidios han beneficiado en mayor medida a quienes más tienen o consumen; no obstante, para los sectores populares han significado un ahorro significativo, reflejado principalmente en el costo del transporte y en los precios de los alimentos que dependen del traslado o del uso de combustibles para su preparación. Su eliminación eleva los precios y golpea con mayor fuerza a los sectores populares. No es casual que en los últimos tres gobiernos las decisiones en este tema hayan provocado levantamientos y protestas.

El alza del diésel eleva hasta en 56 % los costos del transporte, lo que implica mayores tarifas y encarece alimentos y bienes básicos. Aunque el Gobierno ofrece compensaciones temporales a transportistas, los usuarios no reciben apoyo y enfrentan inflación inmediata.

Los productores, importadores y exportadores que utilizan transporte pesado verán reducidos sus márgenes de ganancia, perderán competitividad y trasladarán los costos adicionales al consumidor, fenómeno que se agrava con la especulación. Las familias de menores ingresos sufrirán el ajuste más severo, pues los productos esenciales se encarecen mientras sus ingresos permanecen estancados.

Ante una decisión de esta magnitud, el Gobierno debió considerar los criterios de los distintos actores sociales, explicar con transparencia las razones de la eliminación, el destino de los recursos liberados y los beneficiarios, además de planificar un retiro gradual para evitar impactos bruscos. Era indispensable crear compensaciones adecuadas y proteger especialmente a los sectores más pobres y sensibles. Para mantener la estabilidad política, el diálogo amplio con toda la población es fundamental.

La mejor compensación, en última instancia, es la generación de trabajo digno. #ComuniquemosEsperanza

 

Con los ojos fijos en El, en la realidad y la fe" es una publicación de la Comisión ecuatoriana Justicia y Paz, resultado de reuniones periódicas de los miembros de la Comisión para analizar, reflexionar y proponer alternativas, a través de estas cartas.

carta No. 306: ¡El IESS es nuestro!

 

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Comisión ecuatoriana Justicia y Paz
carta No. 306 – 14 de septiembre de 2025
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¡El IESS es nuestro!

Para que la seguridad social funcione debe ser justa y sostenible, y que debe haber un vínculo solidario entre las generaciones presentes y futuras…No al trabajo ilegal, no al trabajo precario y sí al trabajo digno” Papa Francisco, 3 de abril de 2023. “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.” (Constitución, art. 34). El IESS es la aplicación de este derecho: “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados.” (art. 370).

En enero de 2025, el IESS registró 3.270.772 afiliados, el 39,03 % de la Población Económicamente Activa (PEA) del país. Los hombres representan el 57,59 % y las mujeres el 42,41 %, evidenciando una brecha de género de 15,18 %. Según la OIT, a octubre de 2021 solo el 30 % de las personas mayores de 65 años cuenta con una pensión de jubilación.

El modelo ecuatoriano es original: combina la solidaridad y subsidiariedad entre afiliados con la responsabilidad del Estado. Allí está su fortaleza. A pesar de los sucesivos ataques de los gobiernos —sobre todo desde 2014— a los fondos del IESS, este ha logrado subsistir. Sin embargo, la propaganda oficial dice que el IESS está quebrado y que la única salida es privatizarlo.

La Constitución dispone que “el sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población.” (art. 367).

Los fondos del IESS nos pertenecen a los afiliados y jubilados. Es una forma de propiedad especial: no es pública ni privada, sino solidaria-colectiva. “Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio.” (art. 372).

Desde 1928 el IESS ha sido saqueado por los gobiernos, que lo usan como caja de financiamiento y botín político. La dolarización licuó sus fondos, pensiones y la deuda estatal; en 2015 se eliminaron los aportes del Estado, provocando una pérdida de USD 5.932 millones. Hoy la deuda pública con el IESS supera los USD 24 mil millones y sigue sin pagarse.

El proyecto de ley busca usar los fondos del BIESS para tapar el déficit fiscal y favorecer a privados, vendiendo carteras de crédito y tomando préstamos con los ahorros previsionales como garantía, al estilo del fallido modelo chileno. También legaliza la derivación de servicios de salud a clínicas privadas, que ya absorbieron 8 mil millones de dólares, dinero con el que se pudieron construir 20 hospitales. Las fórmulas de los “expertos” de gobiernos y empresas consisten en trasladar los costos a los afiliados: ampliar la edad de jubilación, subir los aportes y reducir las pensiones jubilares. Por otra parte, se busca privatizar los fondos del IESS.

Hay alternativas. Urge rescatar la autonomía del IESS, para que el Consejo Superior esté dirigido por representantes de sus legítimos dueños —los afiliados y jubilados—, y no por delegados de los gobiernos. El patrimonio y los flujos financieros del IESS podrían ser la base para la constitución de un fondo soberano como mecanismo sólido de inversión y reactivación productiva. La solidaridad y la subsidiariedad están ligadas a la ampliación del número de afiliados, a la generación de empleo y al trabajo digno. No puede dejarse en manos de los gobiernos que han destruido la seguridad social.  #ComuniquemosEsperanza

 

Con los ojos fijos en El, en la realidad y la fe" es una publicación de la Comisión ecuatoriana Justicia y Paz, resultado de reuniones periódicas de los miembros de la Comisión para analizar, reflexionar y proponer alternativas, a través de estas cartas.