carta No.183: Participar si queremos progresar

 

Con los ojos fijos en Él
en la realidad y la fe

Comisión ecuatoriana Justicia y Paz
carta No. 183 – 7 mayo 2023
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Participar si queremos progresar

“Podemos encontrar en el Evangelio las claves que nos permitan afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación sin exclusiones, para que los logros y el progreso, todo este progreso en desarrollo que se está consiguiendo, se consolide y garantice un futuro mejor para todos, poniendo una especial atención en nuestros hermanos más frágiles y en las minorías más vulnerables, que son la deuda que todavía toda América Latina tiene”.  Papa Francisco, Quito 2015.

El 14 de mayo se posesionarán 5633 nuevas autoridades que regirán los destinos de las 24 provincias, 221 cantones y 1449 parroquias rurales de Ecuador.  Prefectos provinciales, alcaldes y vocales de las juntas parroquiales tomarán en sus manos las riendas para planificar e implementar el desarrollo local.  Si desempeñan bien sus funciones el progreso se garantiza, caso contrario seguirán vigentes las mismas falencias y ausencias que han caracterizado a muchas autoridades.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) recibirán en 2023 más de USD 3.300 millones de dólares, aproximadamente el 10% del Presupuesto General del Estado y el 13% del total de gastos permanentes.  Los GADs cuentan con este presupuesto para planificar y ejecutar obras públicas orientadas al desarrollo local con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables.  Sobre estos recursos, todos deberíamos estar atentos y vigilantes para que se utilicen adecuada, honrada y eficientemente.

Todas las autoridades electas presentaron un plan de trabajo ante los Consejos Provinciales Electorales, donde están plasmadas sus ofertas de campaña.  Al asumir sus funciones deben cumplir sus ofertas de manera eficiente, eficaz y oportuna, para lo que deben contar con un equipo de trabajo de primera, dejar a un lado la politiquería y asumir que están para servir a la población óptimamente, trabajando desde el primer día, de manera transparente, sin acuerdos bajo la mesa, sin corrupción, desechando la componenda y las conveniencias.

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) están determinadas las funciones y responsabilidades de los diferentes niveles de la administración a través de los GADs, por tanto, la cancha está bien marcada y delineado el sendero por el que deben caminar las autoridades.

Pero no solo las autoridades deben trabajar por el desarrollo local, también es tarea de los ciudadanos, como lo detallamos en las cartas 170 (De la elección… a la participación) y 171 (Participar derecho y responsabilidad ciudadana).  Tenemos la obligación impostergable de participar activamente junto a los GADs con el fin de proponer, sugerir, denunciar, exigir controlar, fiscalizar las acciones de las autoridades, conformando comités, observatorios, veedurías o lo que sea necesario para hacer sentir la voz, demandas y compromisos de los ciudadanos.

El pueblo es el mandante y las autoridades los mandatarios; éstos deben tener muy claro que están allí para administrar con pulcritud y transparencia la cosa pública que, a través del voto, la mayoría les confiamos al considerarles, de acuerdo con sus ofertas, los más indicados para impulsar el desarrollo local.  Bajo ningún punto de vista les hemos dado “un cheque en blanco” para que hagan y deshagan a su antojo y conveniencia.  Deben saber y estar muy claros que los ciudadanos tenemos todos los derechos para exigirles el cumplimento de sus ofertas de campaña, dejando a un lado los intereses partidarios o de su grupo, entablando diálogos directos y cercanos con los vecinos para conocer sus necesidades y atenderlas con prontitud y solvencia.

Si queremos que nuestra parroquia, cantón y provincia prosperen equitativamente, no debemos permitir que las autoridades ejerzan el poder alejado de la participación ciudadana.  Es nuestra tarea estar muy pendientes y exigentes de las obras que planifican y ejecutan, del desempeño de sus equipos de trabajo.  Oportunamente debemos evaluarlos.  Puertas abiertas, cuentas claras, proyectos de beneficio colectivo, honestidad y transparencia en el manejo financiero… solo así evitaremos que haya sorpresas negativas que perjudiquen a la población y se conviertan en grandes trabas para el desarrollo local.  Todos a participar para juntos progresar, con justicia y con paz.  · #ComuniquemosEsperanza

     

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Con los ojos fijos en El, en la realidad y la fe es una publicación de la Comisión ecuatoriana Justicia y Paz, resultado de reuniones periódicas de los miembros de la Comisión para analizar, reflexionar y proponer alternativas, a través de estas cartas.

 

Carta No. 84: Gobiernos locales, honestos y eficaces

 

Con los ojos fijos en Él
en la realidad y la fe

Comisión ecuatoriana Justicia y Paz
carta No. 84 – 13 de junio 2021

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Gobiernos locales, honestos y eficaces

“Tomar en serio la política en sus diversos niveles (local, regional, nacional y mundial) es afirmar el deber de la persona, de todas las personas, de reconocer la realidad concreta y de valorar la libertad para procurar realizar juntos el bien de la ciudad, de la nación o de la humanidad”.  (San Pablo VI, Octogesima Adveniens, 1971).

El Estado debe trabajar arduamente para lograr el bien común de toda la sociedad. Esa misión debe caracterizarse por la equidad, la justicia, el servicio, la honestidad, la solidaridad y la oportunidad.  Los gobiernos locales, a su vez, buscan la cercanía con la comunidad, pues desde las instancias nacionales, no siempre es fácil entender las preocupaciones y prioritarias cotidianas de la ciudadanía.

Cuando la autoridad administrativa está próxima, es más rápida y oportuna la atención, detección y ejecución de obras necesarias y urgentes. Los grandes proyectos, la materialización de los presupuestos nacionales, el control social del país, la seguridad externa e interna… se reservan para el gobierno central.

Las diferencias humanas, geográficas, educativas, económicas, ambientales… entre provincias, cantones y parroquias rurales incidieron para que los resultados de la gestión gubernamental hayan sido frecuentemente ineficientes, inequitativas e injustas.

Para superar estas falencias, la actual Constitución añadió a la tradicional división territorial, las regiones (aún sin concretar), junto con las provincias, cantones y parroquias rurales, administrados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados - GADs, que “gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana” (artículo 238).

Para llevar a la práctica esta organización se cuenta con el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización - COOTAD, que organiza el funcionamiento de estos entes administrativos, con el objetivo de una oportuna planificación y realización de obras que solventen las carencias de la población.

La cercanía y satisfacción de las necesidades básicas son la razón de ser de los GADs, sin embargo, en la práctica, muchos han incumplido sus objetivos. El tamaño de las circunscripciones territoriales, la ausencia de profesionales capacitados, la improvisación y falta de planificación a mediano y largo plazo, el clientelismo electoral, la demagogia y el populismo en la gestión administrativa, son, entre otros, elementos que conspiran en contra de la realización de sus metas.

Algunas prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales son cuestionadas y hasta sujetas de acciones legales, por la falta de ética de sus autoridades. Otros se encuentran enfrentando a la justicia ordinaria por supuestos actos de corrupción.

Para atender las múltiples penurias locales, se debe trabajar evitando círculos viciosos y propender a la unión, organización y participación de todos los pobladores. Es importante la simplificación de los trámites y de la normativa de ordenanzas y reglamentos. Por último, los representantes de la localidad deben acudir ante los organismos nacionales para lograr los recursos que, por justicia, les corresponden y que, con la debida justificación, administración y control eficiente, se espera satisfacer las demandas más urgentes de la población a la que sirven.

En fin, existen una serie de herramientas habilitadas por la Constitución Política del Estado que permiten exigir, controlar y fiscalizar el buen uso y manejo de los recursos públicos, es por tanto, indispensable la participación ciudadana en los GADs para alcanzar los mejores resultados orientados a conseguir el desarrollo integral de toda la sociedad.  ·  #ComuniquemosEsperanza

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