Con los ojos fijos en Él
en la realidad y la fe
Comisión ecuatoriana Justicia
y Paz
carta No. 318
–7 de diciembre de 2025
---------------------------------------------
Solo con
Justicia habrá Paz
“Todos comprendemos que la justicia es
fundamental para la convivencia pacífica en la sociedad: un mundo sin leyes que
respeten los derechos sería un mundo en el que es imposible vivir, se parecería
a una jungla. Sin justicia no hay paz. De hecho, si no se respeta la justicia,
se generan conflictos. Sin justicia, se ratifica la ley del fuerte sobre los
débiles, y eso no es justo”. Papa Francisco, abril de 2024).
Ha pasado un año del caso de “Los Cuatro Niños de las
Malvinas” que fueron brutalmente asesinados en la costa ecuatoriana,
presuntamente a manos de fuerzas militares. Sus familiares aún reclaman
justicia. Como éste, otros casos como el magnicidio de Fernando Villavicencio,
o la desaparición de diversas personas, siguen sin que se esclarezca la verdad
procesal.
En un sistema democrático, la administración de justicia es
la encargada de tutelar y aplicar las leyes para resolver conflictos,
garantizar derechos y velar por la seguridad ciudadana. Siendo el pilar que
asegura la independencia y complementariedad de los poderes y la construcción
del bien común, este sistema debe ser accesible, gratuito, imparcial,
eficiente, eficaz, organizado jerárquicamente y requiere jueces y tribunales
especializados que respeten y hagan respetar los derechos, con aplicación directa
e inmediata de la ley, garantizando la atención prioritaria para los grupos
vulnerables.
En Ecuador, la administración de justicia es un sistema de
pluralismo jurídico que incluye la justicia ordinaria, militar e indígena. Está
conformado por más de 13.000 funcionarios en todo el país, con más de 1850
jueces y un supuesto déficit de 300. Como instancias, la Constitución
establece: la Corte Constitucional,
máximo organismo de control e interpretación constitucional; el Consejo de la
Judicatura, órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina; la
Corte Nacional de Justicia, máximo órgano jurisdiccional, encargado de conocer
recursos de casación y revisión; la Función Judicial que administra la justicia ordinaria,
incluyendo las cortes provinciales, los tribunales y los juzgados de paz; la
Fiscalía General del Estado, responsable de la investigación procesal penal
y que ejerce la acción penal y la acción
pública; y la Defensoría Pública para la asistencia legal gratuita,
garantizando el derecho a la defensa. Asimismo, se reconoce la Justicia
Indígena, los jueces de paz y mecanismos alternativos como la mediación.
Sin embargo, este andamiaje institucional, que debería ser
garante de imparcialidad y probidad, está prácticamente destruido. A lo largo
de los años hemos sido testigos de corrupción, impunidad, desconfianza y
mientras desde el poder ejecutivo ha intentado someter y manipular al sistema
de justicia y plegarlo a sus intereses y objetivos políticos, muchas veces en
contra de sus opositores (lawfare político). Algunos casos avanzan con rapidez
inusual, mientras otros se estancan o son simplemente desechados; asistimos a
componendas, trapicheos, casos de testigos manipulados o protegidos con la
famosa “colaboración eficaz” y reducción de penas. Ni la Corte Constitucional
se ha librado de presiones y amenazas.
La Fiscalía, por su parte, se ha convertido en la instancia
judicial más poderosa. Durante muchos años ha sido un actor político que se ha
prestado para politizar la justicia, apoyada por los medios de comunicación mayoritarios, que
actúan como cajas de resonancia para señalar culpables y asegurar condenas
polémicas.
Todo esto ha generado un sistema de justicia
desinstitucionalizado, plagado de casos de corrupción. Pese a ello, gran parte
de la población observa esta realidad con indiferencia. Existen procesos que no
avanzan y otros, vinculados a sectores de poder, se diluyen entre
contradicciones, dudas y sombras. En contraste, se abren investigaciones y se
dictan condenas contra defensores de los derechos humanos, de la naturaleza y
contra líderes de organizaciones populares que participan en protestas.
¿Es posible recuperar la justicia en nuestro país? Debemos
superar el quemeimportismo, y recuperar el valor ético y moral que nace de la
justicia cuya fuente viene de Dios, exigiéndola como una parte sustancial de
nuestros derechos y con una orientación preferencial hacia los pobres y
marginados y no al servicio del abuso de los poderosos. Como nos pide el texto
de Mateo 6,33: “Buscad el Reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por
añadidura”. “Sin justicia, se ratifica la ley del fuerte sobre los débiles, y
eso no es justo”, porque sin auténtica justicia nunca habrá paz. #ComuniquemosEsperanza
Con los ojos fijos en El, en la realidad y la
fe" es una publicación de la Comisión ecuatoriana Justicia y Paz,
resultado de reuniones periódicas de los miembros de la Comisión para analizar,
reflexionar y proponer alternativas, a través de estas cartas.
