Con los ojos fijos en Él
en la realidad y la fe
Comisión ecuatoriana Justicia
y Paz
carta No. 308
– 27 de septiembre de 2025
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!Buscar el diálogo,
la paz y la justicia!
“A veces los conflictos pueden ser inevitables, pero sólo pueden resolverse fructíferamente en un espíritu de diálogo y sensibilidad hacia los demás y sus razones, y en un compromiso común con la justicia en busca del bien común” Papa Francisco.
La movilización y marcha de Cuenca, con la participación de
más de 100 mil personas para defender el agua y la vida, y la convocatoria de
la CONAIE al Paro Nacional para rechazar el alza del precio del diésel,
modificaron el escenario político.
El Gobierno de Noboa logró imponer su proyecto mediante una
estrategia de “shock blando”, en un canje de libertades por seguridad, con la
construcción de un espacio marcado por la polarización política y el apoyo
norteamericano.
El alza del precio del diésel, que apunta al financiamiento
del presupuesto fiscal y a obtener buenas calificaciones del Fondo Monetario
Internacional, desacomodó la lógica gubernamental. Los costos sociales por el
aumento de los combustibles provocarán la subida de los productos básicos, de
los pasajes y del transporte; este incremento generó una reacción social
inesperada para el régimen.
El gobierno inicialmente eligió el camino de la Consulta
Popular, pero ante la reacción social y el desgaste de su credibilidad, cambia
y plantea la convocatoria a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva
Constitución. La fragilidad de la Carta Magna es notoria. Los políticos de
turno en el poder buscan, por todos los medios, elaborar una a su medida.
Una auténtica Asamblea Constituyente debe abrir un diálogo
amplio para construir un acuerdo nacional que permita enfrentar la crisis
económica, la violencia y otros problemas estructurales, proyectando al país
hacia el futuro. Una nueva Constitución, si llega a concretarse, tendría que
mantener la regulación al modelo extractivista y minero, preservar los derechos
de la naturaleza y la consulta previa, impedir que las fuerzas armadas y la
policía amplíen su capacidad represiva, y evitar la privatización de sectores
estratégicos, en especial de la seguridad social. También debería garantizar la
soberanía nacional y la protección del Patrimonio Natural de las Galápagos,
aumentar los presupuestos de salud y educación sin abrir espacio a monopolios,
revisar o incluso eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y suprimir el
Consejo de la Judicatura, que hoy manipula y controla la justicia.
Este periodo de profunda crisis social y económica es un
momento clave para abrir el diálogo: un diálogo digno, horizontal, equitativo,
ecuánime y propositivo, que oiga y escuche todas las voces, que procese
propuestas, que teja acuerdos, que busque y encuentre alternativas y visualice
potenciales soluciones a la complejísima y delicada realidad nacional. Urge que
el gobierno dirija el país con humanidad y que los sectores sociales, además de
protestar y expresar su descontento por la eliminación del subsidio al diésel,
propongan soluciones.
En lugar de propiciar el diálogo, el gobierno ha respondido
con confrontación, violencia y criminalización de la protesta, acompañadas de
ataques racistas, cierre de medios, bloqueo de cuentas y campañas de falsos
positivos que obstaculizan cualquier acercamiento con los sectores sociales.
Vemos con preocupación esta polarización y la insensibilidad
del gobierno ante el clamor social. El camino de la represión y de la
intimidación impide la paz y la apertura de un diálogo con sentido de país.
Llamamos al gobierno y a las organizaciones sociales al diálogo, a retomar las
mesas de trabajo que quedaron a medio camino en 2022, a trabajar en un gran
acuerdo nacional para impulsar salidas democráticas a las crisis que vive el
país y dar respuestas al dolor que sienten, sobre todo, los sectores más pobres
y menos favorecidos. #ComuniquemosEsperanza
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