Con los ojos fijos en Él
en la realidad y la fe
Comisión
ecuatoriana Justicia y Paz
carta No. 281– 23 de marzo 2025
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Zozobra por emergencias
climáticas
“Es indudable que el impacto del cambio climático perjudicará de modo creciente las vidas y las familias de muchas personas. Sentiremos sus efectos en los ámbitos de la salud, las fuentes de trabajo, el acceso a los recursos, la vivienda, las migraciones forzadas, etc. Es un problema social global que está íntimamente relacionado con la dignidad de la vida humana”. Papa Francisco, Laudate deum, n. 2 y 3.
Sentimos con preocupación los estragos del fuerte invierno
que azota a todo el Ecuador, especialmente en la Costa y en las zonas
subtropicales: ciudades y poblaciones inundadas, deslaves y derrumbes, pérdidas
de cultivos y animales, destrucción de viviendas y enseres, deterioro de la
vialidad y afectaciones al tránsito de personas y vehículos. Lo más trágico ha
sido la pérdida de al menos 20 vidas humanas y alrededor de 110.000 personas
afectadas.
Hace pocos meses enfrentábamos una intensa sequía; hoy sufrimos los
estragos del exceso de lluvias. Ambos extremos, resultado del cambio climático,
evidencian una relación desequilibrada con la naturaleza, marcada por modelos
de consumo y explotación guiados por la lógica del lucro, que han ignorado la
razón, la técnica y la previsión, degradando progresivamente nuestros
ecosistemas.
A esta crisis se suma una grave emergencia ambiental en Quinindé y
Esmeraldas. Los deslaves del 13 y 15 de marzo provocaron la rotura del
Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que, sin mantenimiento adecuado ni
tecnología actualizada, derramó unos 25.000 barriles de crudo. El petróleo
contaminó los ríos Cube y Esmeraldas hasta llegar al océano Pacífico, obligando
a suspender el bombeo de agua y dejando a numerosas comunidades sin
abastecimiento. Según el MAATE, hay 80 kilómetros de ríos afectados en varias
parroquias y alrededor de 400.000 personas perjudicadas.
No es la primera vez que la provincia de Esmeraldas sufre
estos impactos. En 1998, un incendio vinculado a la refinería dejó al menos 33
fallecidos, más de 100 heridos y destruyó más de 1.000 viviendas. También se
han registrado derrames en los años 2015 y 2023. Más recientemente, el 22 de
marzo se reportó la rotura del poliducto Sushufindi-Quito en el cantón El
Chaco.
Estas crisis revelan una profunda negligencia estatal. La
falta de mantenimiento, la improvisación, la corrupción y la ausencia de
políticas preventivas por parte de varios gobiernos han dejado al país sin
herramientas ni recursos adecuados para enfrentar emergencias de esta magnitud.
Es urgente una política de Estado seria y responsable que priorice la gestión
de riesgos y la protección de la vida y del ambiente.
Estas tragedias también son el resultado de una agresión
sistemática a la naturaleza: la deforestación, la pérdida de cobertura vegetal
y la expansión descontrolada de la frontera urbana y agropecuaria. La factura
ecológica es alta. Además, la falta de prevención por parte de algunas
familias, que construyen viviendas en zonas de alto riesgo como orillas de ríos
y laderas, y la permisividad o desidia de las autoridades que lo permiten o no
controlan, agravan la situación. Los COE, la Secretaría de Riesgos y otras
entidades estatales parecen actuar solo cuando los desastres ya han ocurrido.
Si bien los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las
instituciones del Estado enfrentan limitaciones económicas y logísticas, tienen
el deber ético y legal de garantizar una respuesta digna, oportuna y eficiente
a las personas afectadas. La coyuntura electoral no puede ser excusa para la
inacción ni justificación para manipular el sufrimiento con fines politiqueros
o de lucro indebido.
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